Aumenta el número de defensores de derechos humanos “ejecutados” extrajudicialmente en México durante el gobierno de López Obrador
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El Comité Cerezo registró el año pasado 14 defensores de derechos humanos “ejecutados” de forma extrajudicial por motivos políticos, con la participación de agentes del Estado. Con ello, en su quinto año el gobierno de Andrés Manuel López Obrador ya superó al sexenio de Felipe Calderón en ese tipo de asesinatos.
La organización presentó su informe dedicado al año pasado, titulado 14 Personas defensoras de Derechos Humanos ejecutadas extrajudicialmente en el 2023, en el que aclaran que esos asesinatos constituyen violaciones a los derechos humanos debido a que fueron cometidos por agentes del Estado “en la modalidad de comisión o aquiescencia”.
En el documento se señala que los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto utilizaron una estrategia de control social basada en el terror, sin abandonar las que denomina “represión política y estrategia contra insurgente”. La primera ya no es usada por el gobierno de López Obrador como método principal, sino que ahora practica los programas sociales masivos.
El informe explica que la estrategia contrainsurgente es instrumentada por el Ejército “a través, principalmente de sus grupos paramilitares, los cuáles (sic), responden a esta política, pero también son instrumentos de gobiernos Estatales y Municipales.
“Este hecho tiene como consecuencia la continuidad en el cometido de ejecuciones extrajudiciales en los territorios gobernados por Morena”, se anota en el documento.
De esa forma el Comité Cerezo reporta en su informe que en 2023 hubo 14 personas defensoras de derechos humanos ejecutadas extrajudicialmente, crímenes cometidos por motivos políticos y realizados por agentes del Estado. Fueron nueve hombres y cinco mujeres, 13 de ellos indígenas: nueve triquis, dos xiches y dos del pueblo náhuatl.
Esos delitos fueron cometidos en tres estados: Oaxaca, 11; Veracruz, dos, y Jalisco, uno. Son 13 casos en entidades donde gobierna Morena, y uno en donde lo hace Movimiento Ciudadano. De esos casos, en nueve de ellos se benefició el gobierno estatal y en cuatro el federal (si se incluye a la Comisión Federal de Electricidad).
Los datos de los tres más recientes gobiernos son los siguientes: entre 2007 y 2023 se han cometido 349 asesinatos del tipo mencionado, de los cuales con Calderón fueron 67 (19 por ciento); con Peña Nieto, 189 (54 por ciento) y en los cinco años de López Obrador 93 (27 por ciento).
El documento explica que aunque esa violación a los derechos humanos no es práctica generalizada, sigue siendo grave y que continuará debido a tres factores: primero, a nivel estatal continúa la estrategia de represión política; segundo, desde el gobierno federal hay una política de impunidad y, tercero, que hay un reinicio de la estrategia contrainsurgente, principalmente en Oaxaca.
