Cinco años después, familiares de los 43 jóvenes desaparecidos de Ayotzinapa se quejan amargamente porque, vaya sorpresa, el presidente López Obrador protege a militares en lugar de cumplir su promesa de hacer justicia en el caso de sus muchachos
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El Ejército sabotea el caso Ayotzinapa y la investigación para esclarecer la Guerra Sucia, dos de las apuestas principales del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, en materia de derechos humanos, acusó este martes el director del Centro Prodh, Santiago Aguirre Espinosa.
El representante legal de los padres de los normalistas desaparecidos afirmó que en este sexenio se ha empoderado como nunca a los militares, lo que probablemente explique por qué el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) no ha podido acceder a toda la información de la Sedena en los últimos cinco años, para esclarecer los hechos.
“Es una perspectiva más de las organizaciones, que los papás y mamás (de los estudiantes), lo aclaro, que tiene que ver con cómo se ha empoderado al Ejército en este sexenio, como nunca antes lo habíamos visto, y cómo hoy el Ejército es una institución que tiene más facultades que antes, más presupuesto que antes y que rinde menos cuentas que antes, y que está saboteando activamente dos de las apuestas principales de este gobierno en derechos humanos: el caso Ayotzinapa y traer verdad sobre la Guerra Sucia”, sostuvo.
Al acompañar a los familiares de los estudiantes de Ayotzinapa, quienes pidieron al presidente López Obrador una reunión urgente para conocer por qué el Ejército bloquea información sobre la dinámica de los hechos, el director del Centro de Derechos Humanos “Miguel Agustín Pro Juárez” expresó dos hipótesis por las que considera que los militares no permiten acceder a ciertos documentos.
“La primera es que el propio caso ha puesto de relieve la permeabilidad del Ejército en Iguala, a narcotráfico, lo que se ha obtenido, gracias al trabajo del fiscal especial, al empuje del subsecretario Encinas, a los propios expertos, de las intercepciones de mensajería de teléfono celular, que fueron aseguradas por autoridades estadounidenses en Chicago, muestra cómo el grupo criminal (Guerreros Unidos) que operaba en la zona tenía un trato fluido constante con los militares del 41 y 27 Batallón, eso no habla de una realidad de Iguala, no de 2014, sino que es una advertencia sobre los riesgos de la militarización”.
Y la segunda, puntualizó, tiene que ver sobre cómo se ha empoderado al Ejército en este sexenio, como nunca antes se había visto.
Aguirre Espinosa afirmó que el caso Ayotzinapa está en un momento de definiciones en el que el presidente Andrés Manuel López Obrador debe explicar porque el Ejército bloquea información sobre las dinámicas de los hechos ocurridos el 26 y 27 de septiembre de 2014.
Con información de El Universal.
