Condenan jueces, magistrados y ministros amenazas de Ernestina Godoy y advierten sobre independencia judicial
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La Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (Jufed) manifestó este lunes su “más enérgico rechazo” a las declaraciones de Ernestina Godoy, próxima Consejera Jurídica del Poder Ejecutivo.
Por medio de un comunicado, el organismo denunció que Godoy Ramos “amenazó expresamente con actuar contra las personas juzgadoras federales que, actuando conforme a su mandato constitucional, han dictado resoluciones en juicios de amparo promovidos con motivo de la llamada reforma judicial”.
Tales manifestaciones, que constituyen una grave amenaza a la independencia judicial y la división de poderes, pueden entenderse como una línea de acción en el ejercicio de su próxima posición en el gobierno federal, lo que sin duda pondría en entredicho el compromiso de asumir un gobierno de pleno respeto a los principios democráticos”, manifestó la Jufed.
La asociación reiteró que la independencia de las personas juzgadoras “es un pilar indispensable para garantizar un sistema de justicia imparcial y equitativo, en el que se respeten los derechos humanos y las garantías constitucionales de todos los ciudadanos”.
Agregó que estas declaraciones se dan en momentos en que varios mandatarios se encuentran en México para asistir a la investidura de Claudia Sheinbaum, lo que “resalta la gravedad” de las declaraciones de Godoy Ramos.
Cualquier intento de coacción o intimidación hacia el Poder Judicial representa un retroceso inaceptable en el avance democrático del país, y compromete la capacidad de los juzgadores para desempeñar sus funciones con imparcialidad y autonomía”, manifestó.
La Jufed llamó a los poderes Ejecutivo y Legislativo, así como al Instituto Nacional Electoral y “demás autoridades vinculadas al cumplimiento de las resoluciones judiciales, a respetar las suspensiones otorgadas por los jueces de Distrito y no eludir su responsabilidad con recursos discursivos”.
El incumplimiento de dichas resoluciones implica responsabilidad para los funcionarios públicos omisos, cualquiera que sea su jerarquía, además de que vulnera el Estado de Derecho”, advirtió.
Con información de López-Dóriga Digital