Acumula denuncias por presunto desvío de recursos, negocios familiares y delitos electorales líder de Morena en Congreso de Tabasco

Una investigación publicada por La Silla Rota revela que Jorge Orlando Bracamonte, presidente de la Junta de Coordinación Política y aspirante a la alcaldía de Centro, enfrenta cuestionamientos por una contratación de más de 2 millones de pesos con presuntas empresas fachada, operaciones inmobiliarias millonarias y disputas empresariales que involucran a su familia.

VILLAHERMOSA, Tabasco.— El diputado de Morena Jorge Orlando Bracamonte Hernández, presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Congreso de Tabasco y aspirante a gobernar el municipio de Centro, acumula denuncias y señalamientos por presuntas irregularidades en el manejo de recursos públicos, operaciones patrimoniales de su familia y posibles infracciones electorales. Una investigación publicada por La Silla Rota documenta que el legislador fue denunciado ante el Órgano Superior de Fiscalización del Estado (OSFE) por la adquisición e instalación de una planta eléctrica para el Congreso local, mediante contratos que suman 2 millones 76 mil 301 pesos y que habrían sido adjudicados a una empresa cuyos domicilios fiscales no corresponden, según el denunciante, con establecimientos comerciales en operación.

La denuncia fue presentada el 27 de octubre de 2025 por Pablo Robles Pérez y señala directamente a Bracamonte Hernández por su responsabilidad al frente de la Jucopo, instancia desde la que se administra el presupuesto legislativo y se autorizan adquisiciones y contrataciones. De acuerdo con los documentos citados por el medio, el procedimiento comenzó el 24 de junio de ese año, cuando Antonio de Jesús López Villacís, del área de Servicios Generales, solicitó mediante el oficio CET/SG/0240/2025 la compra de una planta eléctrica a Denise Paredes Monzalvo, subdirectora de Administración. Apenas un día después apareció un pago cercano a los 90 mil pesos a Estrategias y Logística PINTAMAR S.A. de C.V., por un supuesto estudio eléctrico, mientras que el 25 de julio se emitieron dos facturas de Materiales GONIA S.A. de C.V.: una por un millón 147 mil 765 pesos con dos centavos, correspondiente al generador, y otra por 928 mil 536 pesos con 38 centavos, por su instalación.

Empresas sin oficinas y contratos millonarios

Uno de los aspectos más delicados de la denuncia es que, según el promovente, las empresas contratadas no fueron localizadas operando en los domicilios fiscales asentados en la documentación. En uno de los inmuebles se encontró un local vacío y en el otro una vivienda de interés social, circunstancias que motivaron la solicitud de investigar si se trata de empresas fachada y si los servicios facturados fueron efectivamente prestados. La denuncia también pide revisar la justificación técnica de la adquisición, la comparación de precios de mercado, la autenticidad de las facturas, la existencia de los trabajos de instalación y la identidad de los funcionarios que intervinieron en la autorización y ejecución de los pagos.

El caso coloca bajo escrutinio la administración de los recursos del propio Congreso, encabezado políticamente por Bracamonte, quien busca convertirse en candidato de Morena a la presidencia municipal de Centro. Sin embargo, la denuncia no acredita por sí misma que haya existido un desvío de recursos ni que el legislador haya participado personalmente en una operación ilícita. Esas responsabilidades deberán determinarse mediante la fiscalización correspondiente.

Una residencia de 8 millones de pesos y operaciones patrimoniales bajo sospecha

Los cuestionamientos sobre el manejo de recursos públicos se suman a una controversia patrimonial en Yucatán, identificada con el expediente PATRIM/1258/2025, relacionada con una vivienda ubicada en el fraccionamiento Montebello, en Mérida, cuyo valor ha sido estimado en más de 8 millones de pesos. Según la investigación de La Silla Rota, los documentos del expediente describen operaciones por 3 millones 150 mil pesos vinculadas con la adquisición del inmueble: una transferencia bancaria de 2 millones de pesos realizada el 26 de octubre de 2016 a Jesús Tabzcoob Bastar Acosta y dos presuntas entregas en efectivo por 650 mil y 500 mil pesos, efectuadas en diciembre de ese mismo año.

Las operaciones se remontan al periodo en que Bracamonte trabajaba en la Secretaría de Planeación y Finanzas de Tabasco, durante el gobierno de Arturo Núñez Jiménez, cuando la dependencia estaba encabezada por Amet Ramos Troconis. La controversia ha generado cuestionamientos sobre el origen de los recursos utilizados en la adquisición y su correspondencia con los ingresos que el legislador percibía entonces como servidor público, aunque la información publicada no establece una resolución que determine la procedencia ilícita del dinero. El expediente también recoge declaraciones de Omar Darío Bracamonte, hermano del diputado, quien señaló que en septiembre de 2025 varias personas ingresaron a la vivienda y cambiaron las cerraduras, lo que habría provocado que su madre, Ana Consuelo Hernández Veites, perdiera la posesión del inmueble.

Fraude, despojo y negocios familiares

El historial de controversias que rodean al legislador incluye además una disputa empresarial relacionada con Sinergia Petrolera del Sureste, sociedad vinculada con la operación de estaciones de servicio, entre ellas una gasolinera ubicada en Jonuta. Desde 2024, el empresario Gabriel del Ángel López ha señalado a Jorge Orlando Bracamonte y a su hermana Ana Lorena Bracamonte Hernández por presuntos actos de fraude y despojo relacionados con el control de la empresa y su participación accionaria. La controversia también alcanzó a la madre del legislador, Ana Consuelo Hernández Veites, cuyo nombre aparece en la composición societaria de la compañía.

En agosto de 2024, Bracamonte reconoció públicamente que su hermana era socia de la empresa que adquirió la gasolinera, pero negó estar involucrado personalmente en los hechos denunciados o haber utilizado su posición en el Congreso para favorecer los intereses de su familia. El diputado calificó entonces las acusaciones como parte de una campaña de “guerra sucia” y sostuvo que se pronunciaría sobre el conflicto cuando existieran sentencias de las autoridades.

También lo denuncian por presuntos actos anticipados de campaña

A los señalamientos administrativos y patrimoniales se añadió una denuncia presentada por el Partido Acción Nacional ante el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco (IEPCT), por presuntos actos anticipados de campaña y promoción personalizada. El representante nacional del PAN ante el INE, Víctor Hugo Sondón Saavedra, acusó que Bracamonte ha distribuido propaganda con su imagen en distintos puntos del municipio de Centro, pese a que todavía no comienza formalmente el proceso de selección de candidaturas.

“Estamos presentando una denuncia en contra del diputado Jorge Orlando Bracamonte Hernández por actos anticipados de campaña”, declaró Sondón Saavedra, quien solicitó al organismo electoral dictar medidas cautelares para detener la distribución de propaganda que, a juicio del PAN, constituye una promoción política ajena a las funciones legislativas del diputado.

La investigación de La Silla Rota señala que el medio buscó la postura de Bracamonte Hernández sobre las denuncias y cuestionamientos, pero no obtuvo respuesta hasta el momento de su publicación.

El aspirante morenista a gobernar Centro tiene ahora varios asuntos que explicar públicamente: cómo se contrataron los servicios para el Congreso, qué controles se aplicaron a los proveedores, cuál fue su intervención en esas decisiones y qué documentación respalda las operaciones patrimoniales cuestionadas. Son asuntos distintos, con responsabilidades todavía por determinar, pero todos reclaman explicaciones de un servidor público que administra recursos legislativos y pretende gobernar el municipio más importante de Tabasco.