Andy López Beltrán acusa a periodistas de una conspiración, pero no presenta pruebas

El hijo de AMLO niega vínculos con el huachicol fiscal y tráfico de influencias; acusa a empresarios, comunicadores y agencias extranjeras de una campaña en su contra, sin aportar evidencias que acrediten esa supuesta operación.

Villahermosa, Tabasco, 3 de noviembre de 2026.— Andrés Manuel López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador, difundió la mañana de este martes, a través de sus propias redes sociales, un video en el que rechazó los señalamientos sobre presuntos actos de corrupción, tráfico de influencias y vínculos con el huachicol fiscal, pero dedicó buena parte de su mensaje a descalificar a los periodistas y medios de comunicación que han investigado sus relaciones con empresarios beneficiados por contratos gubernamentales.

Desde Tabasco, López Beltrán calificó las investigaciones periodísticas como una campaña de guerra sucia promovida por empresarios que perdieron sus privilegios con la llegada de Morena al poder. Acusó directamente a Ramón Alberto Garza, Ricardo Salinas Pliego y Carlos Loret de Mola de participar en una operación para desprestigiarlo a él y a su padre. Incluso señaló a Garza como agente de intereses extranjeros en México, sin presentar pruebas que sustentaran semejante acusación.

El hijo del expresidente recurrió al mismo discurso político que su padre utilizó durante años para confrontar a la prensa: atribuir las publicaciones incómodas a una conspiración de la oligarquía, desacreditar a sus autores y presentar los cuestionamientos sobre el ejercicio del poder como ataques contra todo un movimiento político. En su mensaje no exhibió documentos bancarios, fiscales o comerciales que permitieran contrastar sus afirmaciones sobre la ausencia de negocios, prestanombres o beneficios derivados de contratos públicos.

López Beltrán reconoció que conoce desde hace años al empresario tabasqueño Jorge Amílcar Olán Aparicio, relacionado en investigaciones periodísticas con contratos gubernamentales, pero negó haber intervenido para favorecerlo. Sostuvo que la relación surgió por amistades comunes y porque la esposa del empresario fue su compañera de escuela primaria. También rechazó cualquier participación en el contrabando de combustibles y aseguró que nunca ha tenido comunicación con funcionarios de la Secretaría de Marina para intervenir en esos delitos.

Sobre el huachicol fiscal, López Beltrán rechazó las versiones que pretenden relacionarlo con una red de contrabando de combustibles y aseguró que uno de los involucrados, detenido en Argentina, habría recibido ofrecimientos de protección e inmunidad por parte de agentes del FBI a cambio de colaborar contra él, su padre y el Gobierno de México. Tampoco presentó elementos que permitieran comprobar esa supuesta intervención de autoridades estadounidenses.

El hijo del expresidente sostuvo que nunca ha utilizado sus relaciones familiares para obtener beneficios económicos y afirmó que carece de riquezas, propiedades opulentas o dinero en el extranjero. Son declaraciones que pueden someterse a escrutinio documental, particularmente tratándose de una figura política cuya influencia pública está estrechamente relacionada con el expresidente de la República. Sin embargo, en lugar de ofrecer información verificable sobre su patrimonio y sus relaciones comerciales, concentró su defensa en los supuestos intereses de quienes lo investigan.

López Beltrán llegó incluso a responsabilizar a los medios de comunicación de defender un sistema de privilegios y corrupción, mientras reivindicaba la autoridad moral de su familia y del movimiento gobernante. Su posicionamiento pretende desacreditar el trabajo periodístico por la identidad o los intereses que atribuye a sus autores, sin refutar documentalmente cada uno de los hechos publicados.

La prensa tiene la obligación de probar sus investigaciones y responder por sus errores. Los personajes públicos, por su parte, tienen derecho a defenderse, desmentir y exigir rectificaciones. Pero investigar las relaciones empresariales y políticas de la familia de un expresidente no constituye, por sí mismo, una campaña de guerra sucia. Tampoco basta con atribuir las publicaciones a una conspiración de empresarios y periodistas para demostrar que sus contenidos son falsos.

López Beltrán cerró su mensaje asegurando que no tiene miedo y que será la historia la que juzgue a su familia y a sus adversarios. Antes que la historia, están los hechos, los documentos, las investigaciones periodísticas y las instituciones responsables de esclarecerlos. Ninguna figura política, por poderoso que sea su apellido, está exenta del escrutinio público.