Contratista millonario del INE ligado a Taddei tramitó amparo ante posible orden de aprehensión
CIUDAD DE MÉXICO.— José Alfredo Hernández Casillas, empresario vinculado a la exconsejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei, promovió desde febrero un juicio de amparo ante el temor de que existiera una orden de aprehensión o comparecencia en su contra.
El contratista acudió a la justicia federal después de que, según relató bajo protesta de decir verdad, presuntos agentes de la policía ministerial se presentaron en su domicilio de Jardines del Pedregal, en la Ciudad de México, y preguntaron por él asegurando que contaban con una orden judicial.
A través del bufete Hernández Barros, Hernández Casillas presentó el 9 de febrero la demanda de amparo para tratar de conocer si alguna autoridad ministerial o judicial lo investigaba y, al mismo tiempo, obtener protección contra una eventual orden de captura.
En el documento, del que Latinus obtuvo copia, el empresario sostiene que no ha cometido delito alguno y manifiesta su disposición a comparecer ante las autoridades.
“Siempre he gozado de una buena reputación, soy respetuoso de nuestras leyes mexicanas, a pesar de estar cierto de que el suscrito no ha cometido delito alguno”, señaló.
También aseguró tener “la total voluntad y disposición de intervenir en la investigación ministerial en la que se me pueda relacionar y participar activamente en la misma”.
El episodio que encendió las alertas del contratista ocurrió, según su propio relato, el 21 de enero.
Hernández Casillas afirmó que alrededor de las 12:00 horas presuntos policías ministeriales acudieron a su domicilio particular, ubicado en avenida de Las Fuentes, en Jardines del Pedregal.
Los agentes, aseguró, preguntaron por él “aludiendo contar con una orden de aprehensión y una orden de comparecencia librada en contra”.
El empresario no se encontraba en el inmueble. “Al no encontrarme en dicho inmueble, éstos optaron por irse sin dejar mayor dato sobre la supuesta orden de captura o comparecencia”, expuso en su demanda.
Hernández Casillas afirmó desconocer qué autoridad habría solicitado o emitido esas órdenes y argumentó que este tipo de actuaciones se realizan bajo sigilo.
Por ello desplegó una búsqueda judicial más amplia: pidió a diversos jueces federales de la Ciudad de México y del Estado de México que informaran si existe alguna carpeta de investigación, línea de investigación, averiguación previa o expediente en el que aparezca como investigado, imputado, probable responsable, persona relacionada, indiciado o inculpado por la posible comisión de algún delito.
No se trataba únicamente de averiguar si alguna autoridad lo investigaba. El contratista también solicitó la suspensión provisional y, posteriormente, definitiva contra cualquier orden de aprehensión o comparecencia que pudiera haber sido girada en su contra.
El movimiento judicial adquiere relevancia por la relación de Hernández Casillas con el negocio electoral.
Empresas vinculadas al contratista, entre ellas Corporativo Zeg y Cajas Graf, han obtenido contratos millonarios del INE y de organismos públicos electorales locales.
Hernández Casillas ha sido señalado además por sus vínculos con Guadalupe Taddei, quien encabezó el INE, una relación que coloca bajo mayor escrutinio los contratos obtenidos por sus compañías y cualquier investigación ministerial que pudiera involucrarlo.
Sin embargo, la presentación del amparo no acredita por sí misma la existencia de una orden de aprehensión ni demuestra que el empresario haya cometido algún delito. La propia demanda evidencia, precisamente, que Hernández Casillas buscaba conocer si existía una investigación o mandamiento judicial en su contra después de la presunta visita de agentes ministeriales.
Para enfrentar ese escenario, el empresario autorizó como sus abogados a Julio Antonio Hernández Barros, Julio Antonio Hernández Sicilia, Raúl Monzón González y Jesús Fernández Hernández.
La incógnita central permanece: qué autoridad buscó a Hernández Casillas, por qué motivo y si detrás de aquella visita existe efectivamente una investigación penal relacionada con el contratista que durante años ha hecho negocios millonarios con autoridades electorales.
