El gas doméstico sube otra vez: ASEA impone nuevas normas y los hogares pagan el costo del “reforzamiento” energético
La Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA) confirmó un nuevo incremento del 0.2% en el precio del gas doméstico, derivado de las normas oficiales de emergencia recién publicadas para reforzar las operaciones de transporte y distribución del combustible.
Aunque el aumento parece mínimo en el papel —79 centavos más por un cilindro de 20 kilos en la Ciudad de México—, representa otro golpe silencioso al gasto familiar en un país donde los precios de los energéticos no dejan de moverse al alza, pese al discurso oficial de “control y estabilidad”.
Del 5 al 11 de octubre, el precio máximo del cilindro de gas en la capital será de 392.9 pesos, mientras que en Tabasco, la Comisión Reguladora de Energía (CRE) reportó una ligera baja, con 20.14 pesos por kilo y 10.88 pesos por litro, cifras que estarán vigentes durante la misma semana.
Las nuevas disposiciones publicadas por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el pasado 3 de octubre, bajo las normas NOM-EM-006-ASEA-2025 y NOM-EM-007-ASEA-2025, buscan reforzar la seguridad en el transporte y la distribución de gas LP.
Sin embargo, su implementación traslada el costo directamente al consumidor.
De acuerdo con la propia ASEA, estas medidas tendrán un “impacto mínimo” en los costos de operación, pero especialistas del sector advierten que el cumplimiento no será barato.
La CEO de eServices, Alicia Zazueta, estimó que las empresas deberán gastar entre 100 y 130 mil pesos anuales para adecuarse a los nuevos requerimientos técnicos —incluidos sistemas de GPS, códigos QR e infraestructura especializada—, lo que inevitablemente se reflejará en los precios finales.
El gobierno federal asegura que el objetivo es “prevenir accidentes y proteger el medio ambiente”, pero la realidad es que cada regulación se traduce en un nuevo ajuste al alza para millones de familias mexicanas.
El discurso oficial promete “beneficios en seguridad”, mientras los hogares enfrentan un encarecimiento constante de servicios básicos.
Las normas entrarán en vigor de manera gradual: las unidades de transporte y distribución con capacidad superior a 5 mil litros y antigüedad mayor a 10 años deberán cumplir en un plazo de cuatro meses, mientras que el resto de las unidades tendrán que adaptarse a lo largo de 2026.
En el papel, México avanza hacia un “marco regulatorio más robusto”.
En la práctica, las nuevas disposiciones refuerzan un patrón conocido de la 4T: más control estatal, más trámites, más costos… y un mismo resultado: precios más altos.
El gas sube, el discurso se mantiene, y la promesa de soberanía energética se evapora entre normas, sellos y centavos que, una vez más, paga el ciudadano.
