Tabasco: Empresarios y fraccionamientos, clase media y alta son “tarifados” por el gobierno de JavieMay; deben pagar 80,000 pesos por seis rondines policíacos
Villahermosa, Tabasco. A través de su cuenta en X (antes Twitter), la política tabasqueña Lorena Beaurregard expuso la creciente preocupación de empresarios y habitantes de zonas residenciales de la capital tabasqueña, quienes acusan al gobierno de Javier May de desatender la seguridad pública y priorizar únicamente a sectores vulnerables.
En su publicación, Beaurregard señaló que los residentes de fraccionamientos como El Country, Las Hadas, Campestre, Tabasco 2000 y Las Haciendas, así como colonias como López Mateos, Atasta y el Centro, enfrentan un aumento de la inseguridad con asaltos, extorsiones y secuestros, mientras el gobierno estatal les niega protección pública. Según la denuncia, la respuesta de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Tabasco (SSPC) ante solicitudes de vigilancia es clara: “el que tiene, que pague”.
La exdiputada reprochó que, pese a ser un sector clave para la economía del estado, los empresarios enfrentan no solo la inseguridad, sino también un aumento en sus costos operativos. El gobierno incrementó el impuesto sobre nómina en un 40% (de 2.5% a 3.5%) y el impuesto de hospedaje en un 50% (de 2% a 3%), mientras ellos deben gastar más en videocámaras, seguridad privada y otros mecanismos de protección.
Beaurregard acusó a May de implementar políticas que ahuyentan a los generadores de empleo y criticó la decisión del gobierno estatal de ofrecer servicios de vigilancia privada a precios elevados. De acuerdo con la publicación, la Policía Bancaria Industrial y Comercial cobra 80 mil pesos por seis rondines diarios a quienes buscan mayor protección, una cifra que muchos consideran inalcanzable.
La exdiputada advirtió que, de mantenerse esta política de abandono hacia el sector productivo, muchos empresarios podrían optar por dejar Tabasco, agravando la crisis económica. Finalmente, hizo un llamado al gobierno estatal para garantizar la seguridad pública sin distinción de clases.
