Corrupción en obra pública: señalan red de “moches” en Coatzacoalcos, Veracruz y golpea al gobierno de Pedro Miguel Rosaldo
En Coatzacoalcos, Veracruz, el discurso de transparencia del alcalde Pedro Miguel Rosaldo García comienza a resquebrajarse frente a nuevas acusaciones que apuntan directamente al corazón de su administración: la obra pública.
La Dirección de Obras Públicas Municipales de Coatzacoalcos, bajo la supervisión del ingeniero Víctor Eduardo Romero Canela, es señalada por presuntas prácticas sistemáticas de corrupción, donde los llamados “moches” no serían excepción, sino regla operativa. Fuentes internas describen un esquema donde la asignación y ejecución de proyectos estaría condicionada a beneficios económicos ilegales.
El caso que detona la polémica es la pavimentación de la calle Carolina Anaya, en Villa Allende, obra que —según las denuncias— habría sido manipulada para favorecer intereses personales de Romero Canela, quien presuntamente posee propiedades en la zona. Un proyecto que, además, habría avanzado sin claridad ni conocimiento pleno del propio alcalde ni del director general Orlando Solís y Solís, exhibiendo un desorden administrativo o, peor aún, una cadena de omisiones deliberadas.
El entramado no termina ahí. El nombre de Anel Ivonne López aparece como pieza clave en las denuncias. Se le atribuye un control férreo de los procesos administrativos, donde la agilización de trámites estaría ligada a pagos indebidos. Su influencia, según versiones internas, no sería reciente: estaría respaldada por la estructura heredada del exdirector Arturo Delgadillo, cuya salida se dio en medio de múltiples señalamientos por corrupción durante la gestión de Amado Cruz Malpica.
Lejos de representar un cambio, las prácticas denunciadas sugieren continuidad. Un reciclaje de viejos vicios bajo nuevos nombres, donde la promesa de rectitud queda sepultada entre sospechas, favores y posibles conflictos de interés.
El problema no es solo administrativo, es estructural. Y mientras las acusaciones crecen, el silencio institucional pesa más que cualquier discurso. En Coatzacoalcos, la transparencia volvió a ser promesa… no realidad.
