Sinaloa en crisis: Rocha Moya se aparta del cargo tras señalamientos por narcovínculos; el poder local entra en zona de sospecha

Dos días después de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos lo colocara bajo la sombra de presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa, el gobernador Rubén Rocha Moya solicitó licencia al cargo. No es un gesto menor: es la confirmación de que la crisis política en Sinaloa ya no puede ocultarse tras discursos de victimización ni apelaciones al “pueblo”.

Con un mensaje que buscó blindarlo en lo moral, Rocha Moya insistió en su inocencia y calificó las acusaciones como “falsas y dolosas”. Sin embargo, el daño político ya está hecho. Cuando un gobernador en funciones se aparta en medio de señalamientos internacionales por narcovínculos, no hay narrativa que alcance para contener el descrédito institucional.

La decisión ocurre, además, bajo la presión indirecta de la Fiscalía General de la República, que exigió pruebas a Washington. Pero más allá del intercambio diplomático, el mensaje es claro: el sistema político mexicano vuelve a reaccionar tarde, a la defensiva, y sin control de la agenda.

Rocha intenta vender su licencia como un acto de “convicción republicana” para no entorpecer investigaciones. En los hechos, es una salida forzada para contener una crisis que ya escaló a nivel internacional. Su discurso de lealtad al movimiento y al pueblo choca con la gravedad de los señalamientos: estar entre los nombres vinculados con la estructura criminal más poderosa del país no es un asunto menor ni reducible a “ataques políticos”.

La fractura no termina ahí. El alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendivil, también pidió licencia tras ser señalado en el mismo expediente. El efecto dominó exhibe algo más profundo: la presunta infiltración del poder público por redes criminales no sería un caso aislado, sino un patrón que alcanza los principales niveles de gobierno en Sinaloa.

Mientras tanto, el estado entra en una fase de incertidumbre. Ante la ausencia del gobernador, el Congreso local deberá designar a un interino, en medio de una estructura debilitada y bajo sospecha. La eventual salida de la secretaria general de Gobierno, por razones personales, complica aún más el relevo y deja al aparato estatal en un limbo operativo.

El caso Rocha Moya no es solo un escándalo político; es un golpe directo a la credibilidad de las instituciones. La narrativa oficial de transformación y combate a la corrupción se desmorona cuando sus propios cuadros enfrentan acusaciones de esta magnitud. Y mientras el gobierno mexicano exige pruebas, la percepción pública ya dictó sentencia: en Sinaloa, el poder y el crimen vuelven a aparecer demasiado cerca como para ser coincidencia.