Tierra sin escuela, familias sin certeza: el abandono institucional en Tabasco detona otro conflicto por vivienda
En el sur del país, lejos del discurso oficial sobre bienestar y desarrollo, un terreno abandonado se ha convertido en el símbolo de un doble fracaso del Estado: no hubo escuela… y ahora tampoco hay certeza para quienes lo habitan.
En la colonia Casablanca 2ª sección, en Villahermosa, decenas de familias en condición vulnerable ocupan desde hace semanas un predio de aproximadamente una hectárea que, en teoría, estaba destinado a la construcción de una secundaria. La realidad es otra: el proyecto nunca se concretó y el espacio quedó en el abandono durante años.
El terreno fue donado en la administración de Andrés Granier Melo, pero ningún gobierno posterior ejecutó la obra. Hoy, ese vacío institucional lo llenaron familias que no encontraron otra alternativa de vivienda.
“No queremos nada gratis, solo certeza jurídica”, resume Raquel Hernández, una de las habitantes. La frase desmonta el estigma recurrente: no se trata de invasión oportunista, sino de supervivencia ante la ausencia del Estado. Los vecinos aseguran que han invertido lo poco que tienen para levantar sus viviendas y buscan un acuerdo legal que les permita regularizar su situación.
Pero el problema ya escaló más allá de la necesidad social. La disputa por el predio exhibe un entramado de acusaciones, intereses y riesgos. La delegada de la colonia, María del Carmen Durán Méndez, rechazó cualquier vínculo con la supuesta venta irregular de lotes y denunció que terceros buscan lucrar con la precariedad.
En el centro de las acusaciones aparece la presunta intervención de actores con respaldo político, incluyendo señalamientos hacia el entorno del funcionario estatal Daniel Casasús. Según la delegada, habría intentos de apropiación del terreno para comercializarlo en más de 126 mil pesos por lote.
La tensión no es menor. Durán Méndez advirtió incluso por su seguridad personal, en un contexto estatal marcado por la inseguridad y la disputa territorial. “Me ponen en riesgo”, dijo, al rechazar las versiones que la señalan como beneficiaria de la venta.
El caso de Casablanca no es aislado: refleja un patrón nacional donde predios públicos abandonados terminan convertidos en focos de conflicto social, ante la falta de políticas efectivas de vivienda y planeación urbana. Aquí confluyen dos derechos fundamentales que el Estado no ha garantizado: educación y vivienda.
Las familias han solicitado formalmente la intervención del Instituto de Vivienda de Tabasco y del gobierno estatal para instalar una mesa de diálogo que permita revisar el estatus legal del terreno. La exigencia es clara: una solución que no criminalice la pobreza ni ignore la necesidad de infraestructura educativa.
Porque en Casablanca, el problema no empezó con la ocupación del predio. Empezó mucho antes, con la omisión de autoridades que dejaron un proyecto inconcluso y un terreno a la deriva.
Hoy, el riesgo es que la historia termine como tantas otras en el país: familias desalojadas, responsabilidades diluidas y, una vez más, el Estado ausente donde más se necesita.
