Indemnizar para encubrir: el carpetazo oficial tras la tragedia del Tren Interoceánico
La justicia en México volvió a tener precio. El gobierno optó por compensar económicamente a las víctimas del descarrilamiento del Tren Interoceánico no como un acto de responsabilidad, sino como una salida conveniente: extinguir la acción penal y cerrar, cuanto antes, un expediente incómodo.
No se trataba de justicia, sino de prisa. Prisa por archivar, por contener el escándalo, por evitar que la tragedia del 28 de diciembre escalara a un problema mayor. El informe de la fiscalía, lejos de mostrar autocrítica o rigor, se lee como un documento de celebración: misión cumplida, caso cerrado.
Pero el dinero no limpia la negligencia. No borra las dudas sobre una obra señalada por fallas estructurales, materiales cuestionables y una ejecución rodeada de sospechas de corrupción. Tampoco devuelve la confianza en instituciones que, en lugar de investigar a fondo, optan por la vía rápida del cheque y el silencio.
Aquí no hubo justicia ejemplar ni responsables claros. Hubo, en cambio, una operación política para administrar el daño y contener las consecuencias. Un intento de convertir una tragedia en trámite.
Porque aunque el gobierno pretenda lavarse las manos, la mancha persiste: la de un proyecto mal planeado, mal ejecutado y ahora, convenientemente exonerado. En México, una vez más, la impunidad viaja en primera clase.
