Derrame en el Golfo: el desastre que el gobierno conocía desde febrero… y decidió ocultar

El gobierno federal no fue sorprendido por el derrame en el Golfo de México. Lo supo. Lo vio. Y, según la evidencia, optó por callar. Hoy, lo que se presenta como una contingencia “reciente” iniciada en marzo de 2026, en realidad comenzó desde principios de febrero, en torno a infraestructura crítica de Petróleos Mexicanos.

Las imágenes satelitales y registros operativos apuntan a un punto específico: un oleoducto de 36 pulgadas, identificado como OLD AK C, que transporta crudo entre la plataforma AKAL-C y la Terminal Marítima Dos Bocas. Desde el 6 de febrero ya se observaban manchas de hidrocarburos frente a Campeche. Un día después, el buque especializado “Árbol Grande”, operado por Constructora Subacuática Diavaz, llegó al sitio y permaneció ahí durante más de una semana. No era una visita casual: era una intervención en plena zona del derrame.

Para el 19 de febrero, la mancha alcanzaba casi 300 kilómetros cuadrados. Había embarcaciones dispersando el hidrocarburo. Había operación técnica. Había evidencia visible. Lo único que no hubo fue una alerta pública.

Semanas después, el crudo comenzó a llegar a las costas de Tabasco, Veracruz y Tamaulipas, afectando más de 630 kilómetros de litoral, incluidos ecosistemas clave del corredor arrecifal del suroeste del Golfo. Playas contaminadas, manglares dañados, fauna afectada y comunidades pesqueras enfrentando el desastre sin información ni preparación.

La narrativa oficial, sin embargo, eligió otro camino: minimizar, desviar y sembrar dudas. En conferencia del 26 de marzo, las autoridades hablaron de reportes a partir del 2 de marzo y atribuyeron el origen a causas “inciertas”, incluyendo un buque no identificado y chapopoteras naturales en la zona de Cantarell. Una versión que hoy se desmorona frente a la evidencia acumulada.

Porque no hay forma de sostener que nadie sabía. No cuando un buque especializado trabajó durante días sobre un ducto activo. No cuando la mancha era visible desde el espacio. No cuando había operaciones en curso. Lo que hubo no fue ignorancia: fue decisión.

Y esa decisión tiene consecuencias. El ocultamiento no solo violó el “Plan Nacional de Contingencia para Derrames de Hidrocarburos”, que obliga a informar de inmediato, identificar la fuente y coordinar la respuesta. También retrasó acciones clave, diluyó responsabilidades y dejó a las comunidades expuestas.

Mientras el hidrocarburo avanzaba en el mar, el silencio oficial hizo lo mismo en tierra. Pescadores sin alertas, poblaciones sin protocolos, ecosistemas sin protección. El costo no es solo ambiental: es social, económico y sanitario.

Hoy la pregunta ya no es técnica, es política: ¿quién decidió ocultar el derrame desde febrero? ¿Quién apostó por una versión que la evidencia contradice? ¿Y quién responderá por los daños?

Organizaciones como Greenpeace México, Centro Mexicano de Derecho Ambiental y la Alianza Mexicana contra el Fracking han exigido respuestas claras, documentos, responsables y reparación integral. No piden favores: exigen lo mínimo en un Estado de derecho.

Porque aquí no solo se derramó petróleo. Se derramó la verdad. Y en el México de hoy, lo que más contamina no siempre es el crudo… sino la opacidad.