Minera, secuestros y “confusión”: la versión oficial frente al mayor campo de exterminio en Concordia
Lo que durante años fue rumor, susurro y miedo en la sierra de Concordia hoy amenaza con convertirse en el mayor símbolo de la descomposición criminal del país: un cementerio clandestino que podría albergar más de 120 cuerpos —y quizá más de 500— en la comunidad de El Verde.
La periodista de investigación María Idalia Gómez reveló en el programa Aristegui en Vivo que, de acuerdo con estimaciones preliminares y testimonios de detenidos, la zona habría sido utilizada sistemáticamente como espacio de exterminio. Entre las víctimas estarían trabajadores de una minera canadiense desaparecidos desde el 23 de enero.
Diez cuerpos han sido oficialmente identificados; cinco, confirmados por ADN. Pero el dato escalofriante no es la cifra confirmada, sino la dimensión del terreno: entre 10 y 25 fosas abiertas a gran profundidad, excavadas una tras otra cuando la anterior se llenaba. Una maquinaria de muerte sostenida en el tiempo.
El territorio de los intocables
La zona, boscosa y de difícil acceso, coincide con áreas de operación de “Los Chapitos”, célula criminal vinculada a los hijos de Joaquín El Chapo Guzmán. Según Gómez, el sitio habría funcionado como espacio para enterrar a víctimas de enfrentamientos, secuestrados, personas confundidas o utilizadas para extorsión. No se descarta, incluso, la presencia de funcionarios o exfuncionarios entre los restos.
La periodista fue contundente: los trabajadores de la minera no fueron víctimas de “confusión”. Eran personal plenamente identificado, alojado en un campamento cercano a la mina. Su secuestro, sostuvo, formaba parte de una estrategia de control criminal sobre la zona minera.
Sin embargo, desde la narrativa oficial se abrió la puerta a otra versión. Durante la conferencia presidencial, Omar García Harfuch señaló que los primeros detenidos declararon que las víctimas habrían sido confundidas con integrantes de un grupo antagónico. “Primeras declaraciones”, dijo, prometiendo más información y más detenidos.
El problema es que en México las “primeras declaraciones” suelen convertirse en coartadas definitivas.
Un cementerio que creció por años
Los indicios apuntan a que la fosa no es reciente. Hay cuerpos antiguos y otros recientes. Lo que se perfila no es un hecho aislado, sino un patrón prolongado de violencia sistemática. Un cementerio clandestino que, de confirmarse su magnitud, sería el más grande del que se tenga registro en el país.
Y la pregunta inevitable es brutal: ¿cómo pudo operar durante años sin que autoridades municipales, estatales o federales lo detectaran? ¿Ignorancia, incapacidad o complicidad?
Dimensión internacional
El caso ya rebasó las fronteras. Los reportes preliminares han sido compartidos con autoridades de Estados Unidos y Canadá. La posible presencia de trabajadores extranjeros obliga a una coordinación internacional y coloca a México bajo una nueva lupa diplomática.
Las operaciones de búsqueda se han extendido a Sinaloa y otros estados como Sonora, Jalisco, Michoacán y Nuevo León, ante la posibilidad de que existan más fosas y que líderes criminales hayan huido.
La deuda pendiente
Gómez insistió en que el tema no debe reducirse a una disputa política coyuntural. La rendición de cuentas alcanzaría a varias administraciones y autoridades estatales. Pero precisamente ahí radica la gravedad: cuando la responsabilidad es difusa, la impunidad se vuelve estructural.
Si el hallazgo se confirma en la dimensión señalada, no será solo un escándalo criminal. Será la evidencia física de un Estado rebasado —o tolerante— frente a estructuras que cavaron, enterraron y expandieron un cementerio bajo la tierra sinaloense sin que nadie lo detuviera.
La tierra removida en El Verde no solo expone restos humanos. Expone años de silencio oficial.
Con información de Aristegui Noticias.
