México entrega 37 capos a EU y confirma su incapacidad para juzgar al crimen organizado
En una operación silenciosa y sin rendición de cuentas, el gobierno federal sacó del Cefereso de máxima seguridad El Altiplano a 37 operadores de alto nivel del crimen organizado y los entregó a Estados Unidos como si se tratara de un trámite administrativo más. El traslado se realizó vía el Aeropuerto Internacional de Toluca y concluyó en distintas ciudades estadounidenses, bajo el argumento oficial de que representaban “una amenaza real” para la seguridad nacional.
El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, confirmó el envío y presumió el acuerdo con el Departamento de Justicia de Estados Unidos para que no se solicite la pena de muerte. Sin embargo, evitó explicar por qué el Estado mexicano fue incapaz —o no quiso— procesar y sentenciar en su propio territorio a criminales que durante años sembraron violencia, muerte y control territorial.
Entre los entregados están líderes y operadores clave del Cártel del Noreste, Los Beltrán Leyva, el Cártel Jalisco Nueva Generación y el Cártel del Pacífico: personajes con historiales de sangre que ahora enfrentarán a la justicia extranjera, mientras en México quedan las víctimas, la impunidad y las preguntas sin respuesta.
Siete aeronaves de las Fuerzas Armadas fueron usadas para el traslado a Washington, Houston, Nueva York, Pensilvania, San Antonio y San Diego. Un despliegue mayúsculo para una decisión que reaviva la crítica central: el Estado mexicano vuelve a ceder su responsabilidad penal y confirma que, frente al crimen organizado, la justicia nacional sigue siendo débil, tardía o simplemente inexistente.
La entrega de capos se presenta como triunfo, pero para muchos es la admisión más cruda del fracaso: México no juzga a sus criminales más peligrosos; los exporta.
