Se acabó la transparencia en México, ya no sirve para rendir cuentas sino para legalizar propiedades de funcionarios
El periodista de investigación Audelino Macario publicó en su cuenta de X una crítica directa al funcionamiento del sistema de Transparencia y Rendición de Cuentas en el marco de la llamada Cuarta Transformación (#4T), señalando que dicho modelo ha dejado de servir para combatir la corrupción y ahora, en los hechos, “sirve para legalizar propiedades, no para castigar la corrupción”.
En su publicación, Macario afirma que la mayoría de los alcaldes de Tabasco incumplen con su obligación legal de subir la información pública mínima a la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT). Según el periodista, lo que antes fue un modelo reconocido a nivel internacional se ha convertido en “un cascarón vacío”, con un portal burocrático, de difícil acceso y sin consecuencias legales reales para quienes no cumplen.
Como ejemplo, Macario menciona el caso de Macuspana, donde —dice— existe un fuerte interés ciudadano por conocer la declaración patrimonial del alcalde Gaspar Díaz Trinidad. Sin embargo, dicha información no aparece disponible en la plataforma, a pesar de que la ley obliga a los funcionarios a hacer pública una versión de su declaración de bienes.
El periodista recuerda que, a finales de 2025, Díaz Trinidad habría ordenado el llamado “pase de charola” entre comercios y proveedores para reunir regalos que luego rifó entre trabajadores del municipio. Además, según Macario, habitantes de Macuspana han observado que el alcalde ha adquirido varios ranchos ganaderos recientemente, lo que ha despertado dudas sobre el origen de sus recursos.
En su publicación, Audelino Macario también menciona a José Ramiro López Obrador, a quien llama “dueño político del municipio”, y asegura que éste habría “legalizado”, declarándolos, alrededor de 15 ranchos obtenidos durante el sexenio de su hermano, el expresidente Andrés Manuel López Obrador. Según el periodista, este patrón se estaría repitiendo con el actual alcalde, quien —afirma— no informa su patrimonio porque presuntamente “sigue comprando propiedades”.
El periodista agrega que no solo el alcalde, sino también sus principales funcionarios, omiten publicar sus declaraciones patrimoniales, pese a estar legalmente obligados. A su juicio, estas declaraciones podrían aparecer solo cuando dejen el cargo, mostrando entonces un incremento patrimonial que correspondería a los años en que fueron funcionarios.
El periodista concluye que las autoridades ya entendieron que el sistema de Transparencia y Rendición de Cuentas “sirve para legalizar propiedades, pero no para castigar la corrupción”, lo que, desde su perspectiva, representa una grave traición al espíritu original de la rendición de cuentas en México.
