La carta que desnuda el infierno en Michoacán: crimen, colusión y un Estado rebasado tras el asesinato del alcalde de Uruapan
La historia detrás del asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, se hunde todavía más en el pantano de corrupción, crimen y descomposición institucional que domina Michoacán. Una carta póstuma atribuida a Ramiro “N”, uno de los presuntos implicados, exhibe lo que las autoridades se resisten a admitir: el crimen organizado opera con tal libertad que hasta quienes participan en él asumen, antes de morir, que la Fiscalía está comprada.
La Fiscalía de Michoacán llevó el documento a la audiencia inicial del caso, donde ocho detenidos —incluidos siete escoltas del propio alcalde— escucharon cómo el expediente se desmorona entre revelaciones que muestran un Estado rebasado. La carta, según la versión oficial, fue encontrada por Paulina, pareja de Ramiro, dentro de una maleta, días después de que él mismo le pidiera esconderse en La Basilia.
La última confesión de un hombre que sabía que no saldría vivo del negocio en el que estaba metido.
Ramiro y un menor de 16 años, Josué “N”, aparecieron ejecutados el 10 de noviembre sobre la carretera Uruapan–Paracho. Ambos señalados como integrantes de la célula criminal encabezada por Jorge Armando “N”, alias El Licenciado, quien presuntamente dio la orden de asesinar al alcalde en plena plaza principal la noche del 1 de noviembre, mientras Uruapan celebraba el Día de Muertos.
En su carta, Ramiro no se dirige a un juez ni a su familia política: se dirige a su hija, a quien confiesa que le mintió y que jamás trabajó en el negocio del aguacate.
“Seguramente cuando leas esto yo estaré muerto, porque nos van a querer silenciar… El Licenciado tiene comprada a toda la fiscalía”, escribió.
Un testimonio desgarrador que retrata la profundidad del contubernio entre crimen organizado y autoridades locales.
Las revelaciones no paran ahí. Durante la audiencia se ventiló que el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) ofreció dos millones de pesos por asesinar al alcalde y que, peor aún, personas cercanas a Manzo filtraban información sobre su ubicación y actividades. El crimen no solo entró al círculo cercano del presidente municipal: se instaló en él.
Como si la tragedia no fuera lo suficientemente turbia, la Fiscalía informó que Víctor Manuel “N”, el joven autor material del ataque, fue ejecutado con su propia arma mientras estaba sometido y esposado. El disparo ocurrió a menos de 30 centímetros. El escolta implicado aseguró que se trató de un “forcejeo”, un argumento tan endeble como el sistema de justicia que lo permite.
El rompecabezas de complicidades siguió tomando forma cuando Omar García Harfuch, titular de la SSPC, confirmó que Ramiro pertenecía al chat donde se planeó el asesinato y que coordinó movimientos durante el ataque, ordenando eliminar mensajes tras recibir instrucciones directas.
Durante más de siete horas, el Ministerio Público presentó videos, reconstrucciones, mensajes y pruebas periciales que detallan cómo Manzo fue atacado con seis disparos en apenas 1.5 segundos. Una ejecución calculada, financiada y protegida desde dentro y fuera del gobierno municipal.
Aun así, la narrativa oficial intenta sostenerse con alfileres. El juez impuso prisión preventiva a los ocho detenidos, entre ellos los escoltas y el propio “Licenciado”, pero concedió duplicidad del término constitucional. Será hasta el 26 de noviembre cuando se decida la vinculación. Hasta entonces, la justicia seguirá tambaleándose entre versiones cruzadas, silencios institucionales y una indignación que crece a cada nueva revelación.
Mientras tanto, uno de los escoltas sigue prófugo. El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla lo confirmó como si se tratara de un trámite administrativo más, un detalle que pasa desapercibido en un estado donde el crimen dicta las reglas.
La carta de Ramiro es apenas un síntoma, una advertencia escrita por un hombre que sabía que iba a morir. Lo verdaderamente grave es que las instituciones que deberían garantizar justicia aparecen señaladas como parte del problema. Y, como ocurre demasiado seguido en México, todo indica que no exageraba.
