Exalcaldes de Tlaxcala, al borde del abismo: desvíos, omisiones y 78 millones de pesos que exhiben el saqueo en cinco municipios
TLAXCALA.— El cinismo en los ayuntamientos de Tlaxcala alcanzó niveles grotescos. Cinco municipios —Chiautempan, San Pablo del Monte, Tlaxcala capital, Nativitas y Zacatelco— terminaron sus trienios dejando un agujero de 38.1 millones de pesos en daño a la hacienda pública federal, detectado por la Auditoría Superior de la Federación (ASF). Pero la cifra real, con intereses y actualizaciones, se dispara a casi 78 millones de pesos: un retrato perfecto del desorden, la negligencia y el saqueo institucional que marcaron estas administraciones.
La ASF agotó todas las fases de solventación. Los exfuncionarios no pudieron —o no quisieron— justificar un solo peso. Ahora los casos se turnarán a la FGR, donde los señalados deberán devolver el dinero con intereses o enfrentar embargos, inhabilitaciones y cárcel. El mensaje es contundente: la fiesta terminó, y ahora viene la cuenta.
San Pablo del Monte encabeza la lista negra con un desfalco de 16.66 millones de pesos en tres operaciones opacas. Los nombres de los presuntos responsables, Raúl Tomás Juárez Contreras y Asención Héctor Calvario Méndez, serán parte del expediente que podría convertirlos en protagonistas involuntarios del próximo escándalo judicial. Con actualizaciones, la deuda supera los 34 millones, una cifra que exhibe la ligereza con la que se manejaron los recursos públicos.
Tlaxcala capital tampoco se salva: 9.15 millones de pesos desviados en nueve operaciones, con seis exfuncionarios involucrados: Jorge Alfredo Corichi Fragoso, Lidia Galván Llamas, Alma Inés Zamora García, Yolanda Cervantes Zamora, Efrén Ordóñez Mendoza y Miguel Ángel Trejo Mendoza. Entre recargos, intereses y actualizaciones, el desorden financiero de la capital podría costarle al erario más de 20 millones de pesos.
Chiautempan no se queda atrás. Su daño de 5.47 millones —repartidos en cinco casos— ahora se incrementa a más de 11 millones por los intereses generados. Los nombres de Gustavo Jiménez Romero y Héctor Marín Regalado aparecen como responsables de un manejo que raya en el absurdo: millones evaporados sin explicación y sin resultados que lo justifiquen.
Zacatelco suma 5.3 millones en dos carpetas que señalan a Hildeberto Pérez Álvarez e Ivonne Ramírez Barrera. Con recargos, el monto supera los 10.6 millones, otro ejemplo de cómo los municipios de Tlaxcala convirtieron el recurso federal en su caja chica personal.
Y en Nativitas, un solo expediente basta para exhibir el deterioro: 1.6 millones de pesos bajo la responsabilidad directa de Carlos García Sampedro, que ahora deberá enfrentar una deuda que rebasa los 3.3 millones.
La ASF y la FGR publicarán en los próximos días las denuncias formales, pero la historia ya está escrita: Tlaxcala se convirtió en el paraíso del desorden financiero municipal, donde los recursos federales se diluyeron entre omisiones, operadores irresponsables y administraciones que actuaron como si el presupuesto público fuera patrimonio privado.
Los ciudadanos, una vez más, se quedaron con los servicios deteriorados. Los exalcaldes, con los bolsillos llenos. Y el Estado, con la evidencia irrefutable de que en Tlaxcala la corrupción no es un accidente: es un sistema.
