Justicia a la carta: jueza blinda al sobrino político de Rafael Ojeda acusado de huachicol fiscal
El doble rasero de la justicia mexicana quedó exhibido otra vez. Una jueza federal, Emma Cristina Carlos Ávalos, acaba de blindar al contralmirante Fernando Farías Laguna, sobrino político del Secretario de Marina, Rafael Ojeda, para evitar que pise la cárcel del Altiplano aun cuando se le acusa de delincuencia organizada por contrabando de combustibles: un delito con prisión preventiva obligatoria.
La resolución es un traje a la medida: con la suspensión provisional que le concedió, Farías podrá comparecer ante un juez de control sin ser privado de su libertad, incluso si la Fiscalía General de la República (FGR) pide prisión preventiva. En otras palabras, un prófugo con acusaciones de crimen organizado está mejor protegido que cualquier ciudadano común.
El beneficio judicial se apoya en jurisprudencias que contradicen de facto la reforma constitucional de 2024, la cual buscaba cerrar la puerta a este tipo de amparos. La jueza argumenta que el candado sólo aplica al artículo 19, pero no a los apartados de suspensiones. Una interpretación que huele más a componenda que a justicia.
La historia no es menor: Farías y su hermano, el vicealmirante Manuel Roberto —hoy preso en el Altiplano—, son señalados de encabezar una red de corrupción en aduanas que permitió el contrabando de 31 buques cargados de combustible en los puertos de Altamira y Tampico.
El caso expone un patrón conocido: el poder militar y los vínculos familiares se imponen al Estado de derecho. Mientras jóvenes, campesinos o migrantes son encarcelados de inmediato por delitos menores, un alto mando con padrinos políticos tiene garantizado el privilegio de enfrentar sus cargos en libertad.
Este miércoles está citado a audiencia inicial. Pero en los hechos, Farías tiene un salvavidas judicial que lo vuelve intocable. Si no se presenta, la suspensión caduca y la FGR podrá detenerlo. Pero si acude, ningún juez podrá encarcelarlo, por más grave que sea el delito.
La pregunta es obvia: ¿se trata de un amparo legítimo o de una red de complicidades para proteger al sobrino político del hombre fuerte de la Marina?
En un país donde la justicia suele ser implacable con los débiles y complaciente con los poderosos, la decisión de la jueza Emma Cristina Carlos Ávalos no sólo genera sospechas: hiede a impunidad militar con sello judicial.
