ASF destapa corrupción en Veracruz: detectan presunto desfalco por más de mil 600 millones en sector salud del gobierno de Cuitláhuac García
La gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle, confirmó este lunes la presentación de una denuncia por presunto daño patrimonial superior a los mil 600 millones de pesos en los Servicios de Salud del estado, correspondientes al ejercicio fiscal 2023, durante la gestión del exgobernador Cuitláhuac García Jiménez. La acción, encabezada por el contralor general Ramón Santos Navarro, se deriva de una auditoría forense practicada por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), cuyos hallazgos exhiben posibles irregularidades graves en la aplicación de recursos públicos.
«Tenemos que cuidar el patrimonio de Veracruz», afirmó Nahle durante una entrevista posterior al acto conmemorativo de la Batalla de Puebla. Aunque evitó mencionar directamente al exmandatario morenista, la actual gobernadora dejó entrever que las anomalías no serán ignoradas y anunció que llamará a cuentas a la exsecretaria de Salud, Guadalupe Díaz del Castillo Flores, así como a otros exfuncionarios implicados.
La denuncia cobra especial relevancia no solo por el monto del presunto desfalco, sino porque los hechos ocurrieron en una administración del mismo partido que hoy continúa en el poder estatal. El discurso oficial ha buscado marcar una línea de responsabilidad institucional: “Nosotros tenemos que dar seguimiento”, dijo Nahle, reconociendo que las observaciones de la ASF “fueron muy profundas” y contradiciendo versiones anteriores que aseguraban que dichas observaciones ya habían sido solventadas.
Durante el sexenio de García Jiménez, tres personas ocuparon la Secretaría de Salud, lo que ha dificultado la trazabilidad administrativa y la identificación de responsabilidades directas. Entre ellos se encuentra Roberto Ramos Alor, actual coordinador del IMSS Bienestar en Veracruz, lo que podría generar tensiones a nivel federal si se confirman responsabilidades administrativas o penales.
La administración de Nahle, apenas en sus primeros meses, enfrenta así una disyuntiva: mantener la cohesión política interna o avanzar en un ejercicio de fiscalización que podría erosionar la imagen de continuidad entre gobiernos morenistas. La ruta que tome este caso podría marcar un antes y un después en la relación entre la nueva gobernadora y el legado de su antecesor.
