Laynez Potisek: ‘Es grave acusar a la SCJN sin fundamentos’, responde a señalamientos del presidente López Obrador
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Javier Laynez Potisek, ministro de la Suprema Corte de Justicia, rechazó las denuncias que contra este órgano ha lanzado el presidente Andrés Manuel López Obrador, además de que rebatió las acusaciones de Lenia Batres sobre la declaración de invalidez del delito de corrupción en el Código Penal de la Ciudad de México.
En una entrevista con Joaquín López-Dóriga para Radio Fórmula el ministro fue cuestionado sobre las declaraciones que ha hecho recientemente el tabasqueño acerca de los integrantes de la SCJN, de una de sus decisiones y de sus supuestos vínculos con el crimen organizado.
Acerca de la declaración de López Obrador de que los ministros de la SCJN representan a una minoría rapaz al servicio del crimen organizado, Laynez Potisek dijo que se trata de una aseveración muy grave: “Imagínate que estuviésemos al servicio de alguien, mucho menos del crimen organizado”.
Dijo que las decisiones son sustentadas y apegadas a la legalidad, pero que es muy fácil hacer aseveraciones porque no se obtuvo una sentencia condenatoria, lo que pudo ocurrir porque no se probó en un juicio, pero “eso no hace que el juez o la jueza que determinó esté apoyando a un grupo delincuencial”.
Al respecto, el ministro dijo “que cuando un juez otorga un amparo o una suspensión, hay que analizar bien (y tenemos que ser sujetos al escrutinio público), hay que ver exactamente cómo estuvo presentada la investigación, cuáles son los argumentos. Eso pasa mucho cuando se concede, por ejemplo, la libertad caucional bajo fianza: ‘Lo dejó ir’. Bueno, hay que ver cuáles son las reglas, y también el Ministerio Público cómo planteó la solicitud de prisión preventiva, antes de juzgar a nuestras juzgadoras y juzgadores”.
Acerca del señalamiento de López Obrador de que dos ministros echaron atrás la Ley de la Industria Eléctrica, Laynez Potisek recordó que antes, cuando ese asunto se resolvió en el Pleno de la SCJN, hubo siete votos de ministros por la inconstitucionalidad.
El ministro también se refirió a la polémica suscitada por la ministra Batres debido a la declaración de invalidez de disposiciones del artículo 256 del Código Penal para el Distrito Federal. Sobre ello explicó ampliamente la resolución que la SCJN dio a las acciones de inconstitucionalidad presentadas por las comisiones de derechos humanos tanto nacional como de la Ciudad de México.
En ese artículo se convertía, para efectos penales, a los directores o administradores de una asociación que reciba recursos públicos, en servidores públicos, lo que fue cuestionado por las comisiones de derechos humanos por sus implicaciones.
Laynez Potisek afirmó que entendía que el legislador lo hizo con la intención de castigar a particulares que reciben fondos públicos, pero que las comisiones de derechos humanos tienen razón porque está definido en el artículo 108 de la Constitución quiénes son servidores públicos, que son quienes desempeñan algún cargo o comisión dentro de la estructura estatal, a lo que deben sujetarse todas las legislaturas.
“No se tocan, en absoluto, todos los delitos hoy vigentes contra servidores políticos y contra particulares”, aclaró el ministro, quien agregó que no se necesita convertir a un particular en funcionario para que pueda ser sancionado cuando maneja recursos públicos, en lo que también la Constitución es muy clara en su título cuarto.
También mencionó que otro párrafo del artículo referido sobre el “delito de corrupción” que fue invalidado ya que no es un tipo penal porque no tiene sanción económica ni prisión. “Que se explique con claridad el tipo penal con su sanción es un requisito constitucional”, explicó, lo que no cumplía la norma invalidada por la SCJN.
Sobre las argucias de la ministra Batres para defender la norma invalidada, Laynez Potisek dijo respetar su posición pero no entenderla, y le recordó que el debate fue público y que el Pleno de la SCJN, por mayoría de 10 votos, resolvió la inconstitucionalidad del artículo mencionado por las razones que expuso antes, e insistió que se mantienen los tipos penales para los particulares que reciben recursos públicos y que los desvíen.
Sobre una presunta prisa de la que acusó Batres a la SCJN, Laynez Potisek dijo que las acciones de inconstitucionalidad se resuelven conforme los ministros “vamos preparando los proyectos y los vamos listando”, y agregó que “unos tardan más, otros menos”.
El martes, en su cuenta de X, Batres, evidenciando una vez más su ignorancia, afirmó que la Ciudad de México era la primera entidad federativa en tipificar el delito de corrupción, que lo resolvía tres años después de haberse impugnado y que con ello se beneficiaría a quienes podrían haber sido sancionados por ese delito. Además, arguyó que es “de avanzada” considerar a particulares como servidores públicos cuando manejan recursos públicos.
Este miércoles Laynez Potisek rebatió las infundadas e ignorantes opiniones de Batres.
