Adán Augusto pierde una aliada en el INE; Proceso revela cómo el Grupo Tabasco ocupó cargos estratégicos del organismo
La salida de Guadalupe Taddei de la presidencia del INE pone bajo escrutinio una red de nombramientos de funcionarios vinculados con el exgobernador de Tabasco, Adán Augusto López Hernández. La revista Proceso documentó la presencia de antiguos colaboradores y personajes cercanos al llamado Grupo Tabasco en áreas clave para la fiscalización, los asuntos jurídicos y la administración electoral.
CIUDAD DE MÉXICO.— La renuncia de Guadalupe Taddei Zavala a la presidencia del Instituto Nacional Electoral (INE) representa también un golpe para el grupo político del senador morenista Adán Augusto López Hernández, que durante su gestión consiguió presencia en puestos estratégicos del organismo encargado de organizar y fiscalizar las elecciones en México.
Una investigación publicada por la revista Proceso revela que Taddei colocó en puestos de dirección a funcionarios con antecedentes políticos y laborales vinculados al llamado Grupo Tabasco, con el respaldo del consejero electoral Jorge Montaño Ventura.
Los nombramientos adquirieron especial relevancia después de que Morena impulsara, en 2024, una modificación legislativa que otorgó a la presidencia del INE facultades para designar a altos funcionarios sin necesidad de obtener la aprobación del Consejo General.
La reforma se produjo cuando Adán Augusto López Hernández encabezaba el Senado de la República.
Con esas nuevas atribuciones, Taddei pudo realizar nombramientos en áreas fundamentales para el funcionamiento del árbitro electoral, incluida la unidad encargada de revisar el dinero que reciben y gastan los partidos políticos.
Uno de los casos más controvertidos es el del abogado tabasqueño Mario Alberto Alejo García, designado titular de la Unidad Técnica de Fiscalización (UTF), responsable de supervisar los ingresos y gastos de partidos, candidatos y campañas electorales.
De acuerdo con Proceso, su nombramiento generó cuestionamientos porque no reunía los requisitos legales exigidos para ocupar el cargo.
Alejo García había trabajado como asesor del consejero Jorge Montaño y anteriormente desempeñó diversos cargos en el Congreso de Tabasco durante el gobierno de Adán Augusto López Hernández.
Una vez al frente de la UTF, incorporó a otros funcionarios con antecedentes en el entorno político tabasqueño, entre ellos José Luis Hernández Villarruel, también exasesor de Montaño, designado director de Análisis de Riesgo, y María del Carmen Cruz Tolentino, quien había trabajado en instituciones judiciales y electorales de Tabasco.
La investigación también identifica a la exdiputada morenista Nelly del Carmen Vargas Pérez, integrante del Congreso de Tabasco durante el gobierno de López Hernández.
Según el semanario, Vargas Pérez fue incorporada a la estructura administrativa del INE con una remuneración de 93 mil pesos brutos mensuales, bajo las órdenes de Liliana Díaz de León Zapata, nombrada por Taddei al frente del área administrativa.
Los vínculos del Grupo Tabasco también alcanzaron la estructura jurídica del organismo electoral.
Anahí Silva Tosca, quien se desempeñó como subconsejera jurídica durante el gobierno de Adán Augusto López Hernández en Tabasco, fue designada directora ejecutiva de Asuntos Jurídicos del INE.
Silva Tosca permaneció en el gobierno estatal después de que López Hernández solicitara licencia para incorporarse al gabinete federal como secretario de Gobernación.
Otro personaje relevante en esta red de relaciones es Jorge Montaño Ventura, consejero electoral originario de Tabasco, quien anteriormente formó parte del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco (IEPCT).
Proceso recordó que Montaño estuvo involucrado en la controversia por la adquisición de un inmueble destinado al instituto electoral tabasqueño, operación realizada mediante la Notaría 27 de Villahermosa, de la que era titular Adán Augusto López Hernández.
El inmueble, adquirido en condiciones cuestionadas, nunca llegó a utilizarse para los fines previstos.
La investigación también señala que Taddei mantuvo vínculos políticos con el entorno del gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, quien preside el Consejo Nacional de Morena, y documenta la presencia de familiares y antiguos colaboradores suyos en cargos públicos.
La salida de Taddei ocurre, además, después de los señalamientos periodísticos sobre su relación con uno de los principales proveedores del INE.
La renuncia abre ahora otro frente: la revisión de los nombramientos que realizó durante su presidencia y la permanencia de funcionarios vinculados con grupos políticos en las áreas responsables de garantizar la legalidad y la fiscalización electoral.
De acuerdo con Proceso, voces críticas de su gestión han planteado revisar e incluso remover algunos de esos nombramientos.
La controversia alcanza una de las cuestiones centrales para la independencia del INE: la capacidad de sus áreas técnicas para actuar sin interferencias de los partidos políticos cuyos recursos, campañas y actividades deben supervisar.
Aunque los antecedentes políticos de los funcionarios no acreditan por sí mismos actuaciones indebidas, los nombramientos documentados por el semanario colocan bajo escrutinio la relación entre el poder político y la estructura administrativa del árbitro electoral.
Guadalupe Taddei dejó la presidencia del INE. Los funcionarios que designó y las relaciones políticas que documenta Proceso abren una discusión que no termina con su renuncia: quiénes ocupan los puestos estratégicos del organismo y qué garantías existen de que actuarán con independencia de los grupos que los impulsaron.
