Desafuero en Veracruz exhibe contraste en casos de periodistas: Anaya sigue desaparecido y exalcalde morenista permanece en el gobierno
Veracruz.— El desafuero del alcalde emecista de Ixhuatlán del Sureste, Raúl González Martínez, por su presunta participación en el homicidio de la periodista Roxana Guzmán Ramírez, volvió a colocar bajo escrutinio el trato que las autoridades de Veracruz dan a las investigaciones que involucran a servidores públicos.
El contraste resulta particularmente relevante en el caso del periodista independiente Miguel Ángel Anaya Castillo, desaparecido desde el 13 de abril de 2025 y cuyo paradero continúa sin esclarecerse. Antes de su desaparición, Anaya había sido presuntamente intimidado por sujetos que, según el testimonio documentado por Artículo 19, dijeron llevar un mensaje de parte del entonces alcalde morenista de Pánuco, Óscar Guzmán de Paz.
Guzmán de Paz terminó su administración municipal y posteriormente fue designado director de Telebachillerato del gobierno de Rocío Nahle.
Amenazas antes de la desaparición
De acuerdo con Artículo 19, el 28 de febrero de 2025 tres hombres acudieron al domicilio de Anaya Castillo alrededor de las 9:00 horas y solicitaron hablar con él. Según el relato del periodista, dijeron tener “un mensaje de parte del presidente municipal”, en referencia a Óscar Guzmán de Paz.
Anaya observó que uno de los sujetos mantenía una mano dentro de una riñonera, por lo que decidió solicitar apoyo al 911. Siete minutos después, al escuchar una patrulla, los tres hombres se retiraron a bordo de un automóvil Versa gris.
La organización señaló que la intimidación ocurrió después de que Anaya cubriera una manifestación realizada el 26 de febrero en Pánuco, donde habitantes y activistas exigían el cierre del relleno sanitario.
Hasta ahora, esos elementos forman parte de los testimonios y señalamientos documentados sobre el caso y no constituyen, por sí mismos, una acreditación judicial de responsabilidad contra el exalcalde.
Sin embargo, el antecedente adquiere mayor relevancia debido a que Anaya desapareció poco más de un mes después y, de acuerdo con la información proporcionada, su caso permanece sin esclarecerse.
El mismo 28 de febrero, el periodista Néstor Troncoso publicó un video en su cuenta de X en el que responsabilizó públicamente a Óscar Guzmán de Paz de cualquier situación que pudiera ocurrirle a Anaya Castillo y a su familia. También afirmó que el periodista había sido amenazado previamente por un comandante de la Policía.
La pregunta que Nahle dejó abierta
El caso volvió al debate público después de que el Congreso de Veracruz, con mayoría morenista, desaforó al alcalde emecista Raúl González Martínez por su presunta participación en el homicidio de la periodista Roxana Guzmán Ramírez.
Ante este escenario, un periodista cuestionó a la gobernadora Rocío Nahle sobre por qué no se había procedido de manera similar contra Óscar Guzmán de Paz, señalado en los antecedentes de la desaparición de Anaya y actualmente incorporado a la administración estatal.
La respuesta de Nahle fue que solicitará a la fiscal general del estado, Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre, un reporte sobre la carpeta de investigación.
La respuesta deja pendiente una cuestión central: ¿qué avances existen en la investigación sobre la desaparición de Miguel Ángel Anaya y qué elementos han sido revisados respecto de los señalamientos que involucraron al entonces alcalde de Pánuco?
No existe, con la información disponible, una resolución judicial que establezca responsabilidad de Guzmán de Paz en la desaparición del periodista. Pero tampoco puede ignorarse que, antes de la desaparición, existieron señalamientos públicos y un episodio de intimidación documentado por una organización dedicada a la defensa de la libertad de expresión.
Dos casos, dos decisiones
El desafuero de González Martínez demuestra que las instituciones pueden activar mecanismos contra un funcionario cuando existen elementos que vinculan su actuación con una investigación penal.
En el caso de Anaya, en cambio, han transcurrido 16 meses desde su desaparición sin que se haya informado públicamente, con los datos proporcionados, de una resolución que esclarezca su paradero o determine responsabilidades.
El punto de fondo no es establecer culpabilidades por decreto, sino determinar si las investigaciones han avanzado con la misma intensidad cuando los señalamientos alcanzan a figuras vinculadas políticamente con el gobierno.
La Fiscalía General del Estado deberá responder qué se ha investigado, qué líneas permanecen abiertas y qué elementos existen en la carpeta relacionada con la desaparición del periodista. El gobierno estatal, por su parte, tendrá que explicar por qué un exalcalde señalado públicamente en los antecedentes del caso ocupa actualmente un cargo dentro de su administración.
Mientras esas respuestas no existan, la desaparición de Miguel Ángel Anaya Castillo permanece como una herida abierta para la libertad de prensa en Veracruz: un periodista desaparecido, amenazas previas documentadas y una investigación que, 16 meses después, sigue sin ofrecer una explicación pública suficiente sobre lo ocurrido.
