Asilo, amenazas y secretos: el caso Farías Laguna exhibe la grieta en la “lucha” contra el huachicol fiscal
Ciudad de México.— El caso del excontralmirante Fernando Farías Laguna dejó de ser un expediente más de corrupción para convertirse en una amenaza directa a la narrativa oficial. Desde Argentina, su defensa no solo busca frenar la extradición: está señalando, sin rodeos, que el entramado del huachicol fiscal no pudo existir sin la complicidad de los niveles más altos del poder.
El abogado Epigmenio Mendieta sostiene que su cliente solicitará asilo político bajo un argumento explosivo: su vida corre peligro si regresa a México. No es una declaración menor. Es la insinuación de que quienes podrían ser exhibidos tendrían también capacidad para silenciar.
Pero la defensa va más allá. Cuestiona la versión oficial que pretende reducir el escándalo a dos mandos medios. “Técnicamente imposible”, afirma Mendieta, al referirse a que los hermanos Farías Laguna hubieran controlado una red que involucra aduanas, puertos, logística internacional y empresas petroquímicas sin la venia —o al menos el conocimiento— de sus superiores.
El señalamiento escala. La estrategia legal contempla llamar a declarar al exsecretario de Marina, Rafael Ojeda, tío de los implicados. Y no se queda ahí: bajo la lógica de la cadena de mando, la responsabilidad última alcanzaría al entonces comandante supremo de las Fuerzas Armadas, el expresidente Andrés Manuel López Obrador.
Como prueba, la defensa asegura contar con mensajes de WhatsApp en los que Fernando Farías habría alertado directamente a Ojeda sobre irregularidades en las aduanas de Altamira y Tampico. De confirmarse, no solo se derrumba la narrativa de desconocimiento: se abriría la puerta a un posible encubrimiento.
Mientras tanto, corre el reloj. México tiene 60 días, conforme al tratado bilateral con Argentina, para sostener su solicitud de extradición. En ese mismo plazo, la defensa intentará blindar a su cliente con el asilo político, apostando a que el caso deje de tratarse como un delito común y se convierta en un conflicto de persecución.
El trasfondo es aún más inquietante. Farías Laguna afirma que su vida está en riesgo porque personas vinculadas a esta red han sido asesinadas tras denunciar. Si eso es cierto, el problema no es solo de corrupción: es de un sistema que castiga a quien rompe el silencio.
Hoy, el caso ya no gira únicamente en torno a un exmarino detenido en el extranjero. Se trata de una estructura que, según la propia defensa, toca aduanas, fuerzas armadas y poder político. Y de un gobierno que enfrenta el riesgo de que uno de sus casos más incómodos deje de ser controlable… y empiece a hablar por sí solo.
