Estado de México se hunde en desapariciones: gobierno de Delfina Gómez rebasa cifras y deja a mujeres a su suerte
Estado de México.– La entidad más poblada del país se ha convertido en un territorio donde desaparecer es cada vez más fácil, especialmente si se trata de mujeres, niñas y adolescentes. Las cifras oficiales no sólo lo confirman: lo exhiben con crudeza.
Desde marzo de 2016, 3 mil 422 mujeres han sido reportadas como desaparecidas en el Estado de México. La mitad de esos casos ocurrió en apenas dos años y medio del actual gobierno encabezado por Delfina Gómez, una administración que ya superó, en tiempo récord, todo lo registrado durante el sexenio de Alfredo del Mazo.
Los datos del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y no Localizadas (RNPDNO) son contundentes: del 16 de septiembre de 2023 al 30 de marzo de 2026, se acumularon mil 641 reportes de desaparición de mujeres, niñas y adolescentes. En contraste, durante los seis años del gobierno anterior se documentaron mil 348 casos. La diferencia no es menor: es una alerta roja que el discurso oficial intenta diluir.
La crisis tiene geografía. Municipios como Ecatepec de Morelos y Toluca concentran dos de cada diez desapariciones. Zonas urbanas, densamente pobladas, donde la violencia se ha normalizado y la impunidad se ha institucionalizado.
Pero el dato más alarmante está en la edad de las víctimas. El grupo más vulnerable es el de adolescentes entre 15 y 19 años: 428 jóvenes desaparecidas en lo que va de la actual administración. No es una coincidencia. Es un patrón.
Organizaciones como la Red por los Derechos de la Infancia en México han advertido desde 2022 que la trata de personas con fines de explotación sexual es ya la principal causa de desaparición de niñas y adolescentes en zonas urbanas del estado. Detrás de cada caso hay redes criminales sofisticadas, pero también un Estado que no logra —o no quiere— responder.
La impunidad es el combustible de esta crisis. Juan Martín Pérez García, coordinador de Tejiendo Redes Infancia, lo resume con brutal claridad: la explotación sexual es una de las economías ilícitas más rentables del país y, sin embargo, las investigaciones judiciales apenas existen. Desde 2012, México no ha logrado superar las 3 mil 800 carpetas por trata de personas. Una cifra irrisoria frente a la magnitud del problema.
En este contexto, el recorte presupuestal resulta insultante. Para 2026, la Comisión Nacional de Búsqueda destinó al Estado de México apenas 16.3 millones de pesos, lo que representa sólo el 2.5% de los recursos nacionales. Menos dinero para más desaparecidas.
Mientras tanto, el gobierno federal encabezado por Claudia Sheinbaum opta por una estrategia que ha generado más dudas que respuestas: la reclasificación de cifras. En lugar de profundizar en la crisis, fragmenta los datos. De los más de 130 mil desaparecidos en el país, miles quedan en categorías ambiguas que, en los hechos, diluyen la urgencia.
Y en esa narrativa oficial, las mujeres, niñas y adolescentes desaparecidas vuelven a quedar invisibles.
El Estado de México no sólo enfrenta una crisis de desapariciones. Enfrenta una crisis de Estado. Una donde las víctimas se acumulan, las cifras crecen y las respuestas, simplemente, no llegan.
