Caos en el nuevo Poder Judicial: renuncia sin explicación provoca despidos y bloqueo de salarios
La sorpresiva renuncia de la magistrada Lorena Josefina Pérez Romo al Órgano de Administración Judicial (OAJ) del Poder Judicial de la Federación (PJF) detonó un operativo abrupto y opaco: más de 60 trabajadores fueron cesados de manera inmediata y las oficinas de su ponencia fueron clausuradas con sellos de seguridad, como si se tratara de una escena del crimen.
De acuerdo con información publicada por Proceso el pasado 6 de enero, Pérez Romo presentó su renuncia sin que hasta ahora se conozcan las razones, a apenas cuatro meses de haber sido designada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) como integrante del nuevo OAJ, órgano que sustituyó al extinto Consejo de la Judicatura Federal (CJF).
La última vez que la magistrada acudió a sus oficinas, ubicadas en Avenida Revolución 1508, al sur de la Ciudad de México, fue el 15 de diciembre de 2025, justo antes del periodo vacacional. Días antes, el 12 de diciembre, encabezó un convivio navideño con su equipo y prometió continuidad y carga de trabajo para 2026, un mensaje que hoy evidencia que la renuncia no estaba en el radar de su propia ponencia.
Pérez Romo presidía la Comisión de Carrera Judicial y Especialización del OAJ, junto con Catalina Ramírez Hernández y Surit Berenice Romero Domínguez. Sin embargo, desde el 2 de enero, fecha de reanudación de labores del PJF, no volvió a presentarse ni acudió a la sesión solemne de apertura del periodo ordinario del OAJ. Pocos sabían que su renuncia ya había sido entregada a la SCJN, pero no notificada al propio órgano que integraba.
El 6 de enero, dos abogadas del área Jurídica del OAJ llegaron a la ponencia con avisos de rescisión para más de 60 colaboradores. Así se enteraron de la salida de su jefa. No hubo protocolo de resguardo: computadoras y mobiliario quedaron sin responsable, y los pisos 6 y 11 fueron sellados con cintas oficiales del PJF.
El desorden se trasladó a Recursos Humanos. Los trabajadores acudieron a concluir trámites de baja, pero en las oficinas de Picacho-Ajusco les informaron que no existía registro oficial de su cese. Sin hoja de baja, no hay trámites, no hay certeza y no hay dinero: quienes no tienen base no pueden cobrar su seguro de retiro, integrado con ahorros quincenales propios.
Fuentes federales señalaron que algunos colaboradores con base regresaron a sus áreas de origen, pero están inmovilizados hasta que el sistema interno registre su baja del OAJ. A otros se les ha advertido que el proceso podría tardar más de un mes, prolongando la incertidumbre laboral y financiera.
A la fecha, nadie sabe dónde está la magistrada. El OAJ asegura no haber recibido formalmente su renuncia, pues fue presentada ante la SCJN. Ninguna de las dos instancias ha emitido un pronunciamiento oficial sobre las causas de la renuncia ni sobre la situación del personal cesado. Proceso consultó al OAJ en dos ocasiones y la respuesta fue la misma: no hay postura oficial.
Mientras tanto, el nuevo órgano que prometía orden administrativo arranca su historia con sellos, despidos y silencio institucional. En el Poder Judicial, la rendición de cuentas sigue ausente; los costos, otra vez, los paga el personal.
Con información de Proceso.
