Megaproyectos manchados de sangre: comunidades indígenas desplazadas para abrir paso a negocios de la 4T
San Cristóbal de las Casas.– La guerra de desgaste contra los pueblos zapatistas sigue viva, ahora bajo el disfraz de la Cuarta Transformación. El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) denunció que fuerzas estatales, municipales y el Ejército mexicano ejecutaron un nuevo operativo de despojo y hostigamiento en el poblado autónomo Belén, municipio oficial de Ocosingo, lo que dejó al menos 13 bases de apoyo del EZLN y 40 campesinos no zapatistas desplazados de manera forzada.
Los ataques —denunció la Asamblea de Colectivos de Gobiernos Autónomos Zapatistas— incluyeron medición ilegal de tierras, robo de cosechas, quema de casas y amenazas directas, todo en nombre de una supuesta “restitución de tierras”. En realidad, acusan, se trata de convertir territorio recuperado desde 1994 en propiedad privada, arrebatando la base de sustento alimenticio y colectivo de las comunidades.
El Frayba fue contundente: no son hechos aislados, sino una estrategia contrainsurgente renovada, que hoy opera con el respaldo de la Secretaría de la Defensa Nacional y fuerzas estatales como las Fuerzas de Reacción Inmediata Pakal. La táctica recuerda los años más oscuros del PRI, ahora maquillados bajo el discurso de la 4T.
La denuncia también apunta a un trasfondo mayor: el despojo de tierras indígenas para allanar el camino a los megaproyectos extractivistas, turísticos, energéticos y de infraestructura que el gobierno promueve en Chiapas. En otras palabras: se trata de abrir paso a los negocios mientras se arrasa con la autonomía zapatista.
El organismo, presidido por el obispo emérito Raúl Vera, responsabilizó directamente al Estado mexicano por violar los derechos colectivos reconocidos en los artículos 1 y 2 de la Constitución, así como tratados internacionales de derechos humanos.
El Frayba exigió frenar la violencia y llamó a la solidaridad nacional e internacional: “El ataque contra las bases zapatistas y campesinos no zapatistas no es un caso local: es una embestida política para desmantelar el proyecto de autonomía indígena en Chiapas”.
Mientras tanto, el gobierno federal guarda silencio, confirmando con su omisión lo que en los hechos ya es evidente: la contrainsurgencia nunca se fue, solo cambió de rostro político.
Con información de La Jornada
