Rocío Nahle minimiza brutal asesinato de maestra secuestrada: culpa al infarto y acusa “miserables” por exigir justicia
En un intento torpe por cerrar un caso que ha conmocionado a Veracruz, la gobernadora morenista Rocío Nahle aseguró este lunes que Irma Hernández Cruz, una maestra jubilada y taxista de 62 años, murió de un infarto “tras ser violentada”, negando cualquier posibilidad de tortura o asesinato directo, a pesar de las evidencias brutales que circulan en redes sociales. La mandataria no sólo desestimó la indignación ciudadana, sino que arremetió contra quienes han exigido justicia: “Es de miserables que a una familia enlutada la lleven a niveles de escándalo”, lanzó con frialdad desde una conferencia en Xalapa.
Lejos de empatizar con la indignación social, Nahle optó por blindarse con tecnicismos médicos. El legista José Eduardo Márquez, alineado con la versión oficial, sostuvo que las lesiones “mortales” fueron internas, centradas en el corazón. Cuando se le preguntó si la víctima fue torturada, la gobernadora lo interrumpió: “Ya dijo que tenía golpes”, zanjando el tema como si la violencia extrema padecida por la víctima pudiera reducirse a un simple hematoma.
La realidad, sin embargo, es atroz. Irma Hernández fue secuestrada el 18 de julio tras negarse a pagar una cuota de extorsión. Seis días después fue hallada sin vida, con claros signos de violencia y tras haber sido exhibida en un video humillante: arrodillada, esposada, rodeada por sicarios, y obligada a “mandar un mensaje” a sus colegas taxistas. “Paguen sus cuotas o terminarán como yo”, se le escucha decir con terror. A pesar de eso, Nahle sigue insistiendo en la causa “natural” de muerte.
Mientras colectivos de mujeres taxistas se movilizan en Xalapa exigiendo seguridad y tarifas justas, la gobernadora intenta apagar el fuego con declaraciones vacías: “Voy a dar la cara siempre”, dice, aunque hasta ahora ha mostrado más interés en proteger su narrativa que en garantizar justicia. Los anuncios sobre la detención de cuatro presuntos responsables no convencen a una sociedad harta de promesas sin resultados.
El crimen de Irma Hernández no es un hecho aislado, sino un reflejo del fracaso institucional frente al crimen organizado. Y la respuesta oficial —minimizar la violencia, descalificar a quienes exigen justicia y reducir un asesinato a un “infarto”— no hace más que profundizar la indignación. La gobernadora parece más preocupada por cuidar su imagen que por proteger a las mujeres que cada día, como Irma, enfrentan el horror de un Estado rebasado.
¿“Infarto”? No. A Irma la mataron, la humillaron, la abandonaron… y ahora también la están olvidando.
