Adán Augusto y Alejandro Armenta, señalados por presunto despojo de tierras y red de favores con Grupo Proyecta
Una serie de hechos que se remontan a 2017 pone en el centro de la polémica al exsecretario de Gobernación, Adán Augusto López, en una presunta red de favores políticos, traiciones y posibles actos de corrupción que hoy involucran al gobernador de Puebla, Alejandro Armenta, y a la empresa Grupo Proyecta.
Todo inició en 2017, cuando Adán Augusto López habría establecido una alianza con el empresario Daniel Flores, cabeza de Grupo Proyecta. Según fuentes cercanas al caso, Flores habría financiado campañas políticas de López a cambio de favores y beneficios prometidos por el ahora político tabasqueño. Sin embargo, los compromisos no fueron cumplidos.
En 2023, la situación se tensó cuando Adán Augusto, ya fuera del gabinete federal, exigió la cesión de dos hectáreas como “regalo”, petición que Daniel Flores rechazó. Ese mismo año, Flores falleció en un sospechoso accidente aéreo. El siniestro generó especulaciones por su misteriosa naturaleza y por los conflictos previos con López.
Tras la muerte de Flores, Grupo Proyecta cambió de manos y su nuevo liderazgo se deslindó públicamente de cualquier vínculo con Morena. No obstante, el distanciamiento no detuvo lo que vendría después.
Con Alejandro Armenta al frente del gobierno poblano, Adán Augusto habría vuelto a mover sus fichas. De acuerdo con versiones no confirmadas oficialmente, ambos habrían acordado repartirse cuatro hectáreas —dos para cada uno— provenientes de terrenos en disputa con Grupo Proyecta. A cambio, la empresa —aparentemente renovada bajo nueva administración— sería la encargada de construir viviendas para policías en las tierras asignadas a Armenta, mientras las otras dos hectáreas pasarían al nuevo socio de Adán Augusto.
El presunto pacto ha levantado sospechas sobre el uso de recursos públicos y la legalidad de la cesión de tierras. Hasta el momento, ni Adán Augusto López ni el gobernador Armenta han respondido públicamente a estas acusaciones. Tampoco se han abierto investigaciones oficiales, aunque el tema ya comienza a generar presión mediática y ciudadana.
Este caso deja abiertas muchas interrogantes sobre las relaciones entre poder político y empresarial en México, especialmente cuando los intereses personales parecen cruzar los límites de la legalidad.
