Familia acusa fabricación de delitos en Tabasco y exige castigo para policías, fiscales y funcionarios judiciales

Enrique Rojas Romero fue detenido en una frutería de Villahermosa en abril de 2025. Aunque recuperó su libertad, su familia denuncia que las irregularidades de su detención siguen sin investigarse y que los responsables permanecen impunes.

VILLAHERMOSA, Tabasco.— Enrique Rojas Romero recuperó su libertad, pero quienes presuntamente fabricaron las acusaciones en su contra siguen sin enfrentar consecuencias. A más de un año y medio de su detención, ocurrida el 3 de abril de 2025, su familia exige que se investigue y sancione a los policías, ministerios públicos y funcionarios judiciales que, según denuncia, participaron en un proceso plagado de irregularidades.

Su hermana, Silvia Rojas Romero, acudió este lunes al Tribunal de Disciplina Judicial para presentar un escrito y exigir que se investigue la actuación de las autoridades que intervinieron en el caso. Llevaba también una manta en la que la familia exhibe las contradicciones que, sostiene, demuestran que Enrique fue víctima de una detención arbitraria y de la fabricación de delitos.

El caso comenzó en una frutería de la colonia Tamulté, en Villahermosa, donde Enrique se encontraba realizando compras cuando fue detenido por un policía. Según la versión de sus familiares, no existía una conducta delictiva que justificara su aseguramiento.

Sin embargo, el informe policial estableció que el joven se había negado a una revisión. Posteriormente, de acuerdo con la denuncia familiar, apareció una acusación relacionada con la portación de un cuchillo en la vía pública.

Las contradicciones no se limitan al motivo de la detención. También aparecen en los horarios y lugares asentados en los documentos oficiales.

La familia señala que mientras un documento establece que Enrique fue detenido a las 10:40 de la mañana, otro registra las 8:30 horas y señala un lugar diferente. Además, sostiene que la detención ocurrió desde las 8:15 horas, pero el joven fue puesto a disposición de las autoridades ministeriales hasta las 13:00 horas, casi cinco horas después.

Para sus familiares, ese lapso constituye otro indicio de irregularidades que deben investigarse, particularmente para determinar qué ocurrió con el detenido antes de su presentación ante el Ministerio Público.

A estas inconsistencias se suma la denuncia de que nunca fueron entregadas las grabaciones de las cámaras de vigilancia de la frutería ni las del sistema C-4, que podrían ayudar a esclarecer las circunstancias de la detención.

La familia sostiene que Enrique fue víctima de un intento de extorsión policial y que, al no entregar dinero, le fabricaron acusaciones. Se trata de señalamientos cuya investigación y esclarecimiento exigen ahora a las autoridades.

Recuperó su libertad, pero nadie responde por las irregularidades

Aunque Enrique Rojas Romero ya se encuentra libre, su hermana denunció que las actuaciones contra los servidores públicos presuntamente involucrados no han producido resultados y que ninguna autoridad les ha comunicado una resolución formal.

“¿Cómo es posible que magistrados con doctorado y fiscales con maestría no hayan visto estas irregularidades?”, cuestionó Silvia Rojas.

La mujer también denunció las consecuencias que el proceso ha tenido para su familia. Aseguró que su madre enfermó gravemente a raíz de lo ocurrido y que, pese a las gestiones realizadas ante distintas instituciones, continúan sin obtener una respuesta satisfactoria.

Relató que durante una visita de la presidenta Claudia Sheinbaum a Tabasco consiguió entregar información sobre el caso y posteriormente recibió una promesa de atención por parte de la Secretaría de Gobernación.

Sin embargo, aseguró que la reunión ofrecida no se concretó.

“Me dijeron que me iban a hablar y ya no me han hablado”, reclamó.

Exigen al gobierno de Tabasco terminar con la impunidad

Silvia Rojas dirigió también un mensaje al secretario de Gobierno de Tabasco, José Ramiro López Obrador, a quien pidió intervenir dentro de sus atribuciones para que las denuncias sean atendidas.

“Tienen la oportunidad de demostrar si en Tabasco la ley se respeta o si se va a seguir encubriendo la impunidad”, expresó.

La mujer cuestionó además el contraste entre los discursos oficiales y la atención que reciben las familias que denuncian abusos de autoridad.

“Cuando gritan ¡Viva México! el 16 de septiembre, ¿qué están haciendo por la sociedad? ¿Qué se va a decir de ellos cuando ya no estén gobernando?”, planteó.

La familia advirtió que continuará recurriendo a las instancias legales disponibles hasta conseguir que se investigue la actuación de los policías, fiscales y funcionarios judiciales señalados.

La libertad de Enrique resolvió su situación personal, pero no esclareció las circunstancias de su detención ni determinó si existieron responsabilidades de los servidores públicos involucrados.

A un año y medio de los hechos, la exigencia de la familia sigue siendo la misma: que las contradicciones del expediente sean investigadas y que, si se acredita la fabricación de delitos, los responsables enfrenten las consecuencias legales.

Corresponsal: R. M.