Berkeley documenta persecución contra periodistas durante el sexenio de AMLO y plantea llevar el caso a la CPI
El Centro de Derechos Humanos de UC Berkeley documentó 337 asesinatos de periodistas y defensores de derechos humanos durante el gobierno de López Obrador y sostiene que la violencia, el espionaje, el hostigamiento digital y la estigmatización pública deben analizarse como un patrón de persecución. El planteamiento abre una ruta inédita hacia un eventual examen preliminar de la Corte Penal Internacional.
CIUDAD DE MÉXICO.— El expediente sobre la violencia contra periodistas y defensores de derechos humanos durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador acaba de subir un peldaño: ya no se trata solamente de contabilizar asesinatos, espionaje o campañas de hostigamiento por separado, sino de determinar si, vistos como un conjunto, esos hechos pueden constituir una forma de persecución contemplada por el derecho penal internacional.
Esa es la tesis que coloca sobre la mesa el Human Rights Center de la Universidad de California en Berkeley, que publicó este 24 de septiembre su investigación Under Attack: Targeting of Journalists and Human Rights Defenders in Mexico.
El centro documentó 337 asesinatos de integrantes de ambos grupos entre 2018 y 2024: 78 periodistas y 259 defensores de derechos humanos. Pero el dato que Berkeley considera central no es únicamente la cifra de homicidios, sino la existencia de un patrón que, según su investigación, combinó estigmatización desde el poder presidencial, hostigamiento digital, vigilancia ilegal, utilización abusiva de procedimientos legales y una elevada impunidad.
La investigación fue encabezada por Lindsay Freeman, directora sénior de Responsabilidad Internacional del Human Rights Center y especialista en derecho penal internacional y evidencia digital.
Su planteamiento es particularmente delicado: los ataques contra periodistas y defensores podrían ser analizados bajo la figura de persecución como crimen de lesa humanidad, prevista en el artículo 7 del Estatuto de Roma, si se demuestra que los actos formaron parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y que estuvieron vinculados con la privación grave de derechos fundamentales.
No significa que la Corte Penal Internacional haya abierto una investigación contra López Obrador. Tampoco que la CPI haya declarado responsable al expresidente mexicano.
Lo que Berkeley plantea es que el conjunto de evidencias amerita un examen preliminar.
2 mil 827 segmentos bajo la lupa
Uno de los elementos más llamativos de la investigación es el análisis automatizado de las conferencias matutinas de López Obrador.
El equipo de Berkeley procesó más de mil 400 conferencias presidenciales y encontró 2 mil 827 segmentos que identificó como parte de un patrón de lenguaje estigmatizante contra periodistas.
Expresiones como “prensa fifí”, “chayoteros” o “hampa del periodismo” no son presentadas por Berkeley como simples episodios retóricos aislados. La investigación las incorpora al análisis de un entorno más amplio en el que, según el centro, periodistas y defensores que investigaban corrupción, crimen o abusos estatales fueron señalados como adversarios del poder.
El punto jurídico es precisamente ese: determinar si la palabra, cuando procede del máximo nivel del poder público y coincide con otras formas de hostigamiento, vigilancia y violencia, puede funcionar como parte de un mecanismo de persecución.
Ese planteamiento adquiere mayor relevancia porque la Oficina del Fiscal de la CPI publicó en diciembre de 2025 su primera política sobre delitos facilitados por medios cibernéticos. Berkeley sostiene que esa política reconoce que herramientas como la vigilancia intrusiva y las operaciones de información pueden desempeñar un papel en la comisión de crímenes internacionales.
Del discurso al espionaje
La investigación también documenta el uso de herramientas de vigilancia contra periodistas, defensores de derechos humanos y personas dedicadas a labores de control del poder público.
Entre los casos analizados aparece Pegasus, desarrollado por NSO Group, así como Geomatrix, de Rayzone. Berkeley vincula estos hallazgos con investigaciones previas sobre las capacidades de vigilancia adquiridas y utilizadas por autoridades mexicanas.
El caso mexicano ya había quedado bajo escrutinio internacional por el uso de Pegasus contra periodistas y defensores. Las investigaciones de organizaciones como R3D y Citizen Lab documentaron distintos episodios de espionaje y vulneración de dispositivos durante los años previos y durante la administración de López Obrador.
En paralelo, las filtraciones de Guacamaya Leaks expusieron documentos internos de la Secretaría de la Defensa Nacional que permitieron reconstruir parte de la infraestructura de inteligencia y vigilancia de las Fuerzas Armadas.
Berkeley incorporó ese tipo de evidencia a una investigación mucho más amplia: una plataforma pública que reúne una base de datos de víctimas, 75 expedientes de casos, análisis de las conferencias presidenciales, información sobre el aparato de seguridad y secciones dedicadas a vigilancia, acoso digital, procesos legales, violencia física e impunidad.
337 asesinatos y una impunidad de hasta 99%
El expediente dibuja además un escenario de impunidad extrema.
De acuerdo con Berkeley, la impunidad para los delitos cometidos contra periodistas y defensores durante el periodo estudiado se mantuvo aproximadamente entre 93% y 99%.
El dato modifica la lectura tradicional de la violencia contra la prensa en México.
No se trataría únicamente de preguntar quién disparó contra un periodista o quién ordenó una agresión. El planteamiento de Berkeley obliga a investigar también qué condiciones permitieron que esos ataques se repitieran, qué instituciones tenían conocimiento de ellos y por qué la enorme mayoría quedó sin castigo.
La propia investigación describe los asesinatos como la parte más visible de un ataque más amplio contra quienes ejercían funciones de vigilancia sobre el poder.
Ciro Gómez Leyva y Fredid Román
Entre los casos que ilustran los riesgos de combinar estigmatización pública, vigilancia y violencia se encuentran los de Ciro Gómez Leyva y Fredid Román.
Gómez Leyva sobrevivió a un atentado armado en diciembre de 2022. El caso provocó una investigación penal y generó un amplio debate sobre el nivel de riesgo que enfrentaban periodistas críticos en México.
En el caso de Fredid Román, asesinado en Guerrero en agosto de 2022, investigaciones periodísticas documentaron que su teléfono había sido geolocalizado mediante una vulnerabilidad de la infraestructura global de telecomunicaciones poco antes de su homicidio. Sin embargo, la evidencia disponible públicamente no permite atribuir esa intervención, por sí sola, a una autoridad mexicana ni establecer que la vigilancia haya causado el asesinato.
Esa distinción es crucial.
Una investigación sobre posibles crímenes internacionales exige demostrar quién hizo qué, bajo qué autoridad, con qué conocimiento y como parte de qué patrón. Berkeley intenta precisamente construir ese puente probatorio.
La ruta hacia La Haya
El proyecto tenía originalmente un destino mucho más directo: ser presentado como una investigación ante la Corte Penal Internacional.
De acuerdo con el propio Human Rights Center, el trabajo fue concebido como una posible presentación jurídica ante la CPI y como un caso de prueba para la nueva política del Fiscal sobre crímenes facilitados por tecnologías cibernéticas.
Pero las sanciones impuestas por Estados Unidos contra la CPI cerraron la posibilidad de presentar legalmente el expediente por esa vía. Berkeley decidió entonces publicar la investigación y poner a disposición de periodistas, organizaciones de derechos humanos, fiscales e investigadores la documentación reunida.
La plataforma queda así como un expediente abierto.
No es una sentencia. No es una acusación formal de la CPI. No es tampoco una determinación judicial de que el Estado mexicano haya cometido crímenes de lesa humanidad.
Es, en cambio, una construcción probatoria y jurídica que plantea que el caso merece ser examinado bajo el derecho penal internacional.
Y ahí está la parte políticamente incómoda del expediente.
Durante años, la discusión sobre la violencia contra periodistas en México fue fragmentada: un asesinato aquí, un espionaje allá, una amenaza en redes sociales, una descalificación desde Palacio Nacional, una carpeta de investigación que no avanzaba.
Berkeley propone mirar todo el tablero.
El dato más perturbador no es solamente cuántos periodistas fueron asesinados. Es la posibilidad de que violencia, vigilancia, estigmatización, procesos legales y ausencia de castigo hayan funcionado como piezas de un mismo ecosistema de persecución.
La pregunta que queda ahora no corresponde a una universidad ni a un gobierno.
Corresponde a los investigadores de justicia internacional: si la evidencia reunida permite cruzar el umbral entre una sucesión de abusos graves y un patrón que pueda ser investigado como persecución bajo el Estatuto de Roma.
Por primera vez, esa pregunta está acompañada por un expediente público diseñado precisamente para intentar responderla.
