¿Fiscalía o garrote del poder? denuncian montaje contra periodista crítico de Javier May

El comunicador advierte que el aparato estatal busca procesarlo por supuesta extorsión en respuesta a sus investigaciones sobre el IFORTAB y la Feria Tabasco.

El periodista Audelino Macario denunció públicamente que la Fiscalía General del Estado (FGE) de Tabasco orquesta una acusación penal en su contra por el delito de extorsión. Para el comunicador, el amago no es casualidad: se trata de una represalia institucional tras sus recientes publicaciones sobre presuntas irregularidades y corrupción en el IFORTAB y en el comité organizador de la Feria Tabasco.

En entrevista con el programa Telereportaje, Macario reveló que colegas del gremio le alertaron sobre una conferencia de prensa armada para este martes, donde se presentaría a una persona señalada de acusarlo formalmente. La versión del montaje sostiene que él habría exigido dinero a cambio de bajar de redes sociales una nota sobre los riesgos de una gasera en la ranchería Buenavista.

El periodista rechazó tajantemente la imputación y sostuvo que cuenta con los registros de mensajería y la documentación necesaria para desmantelar la versión.

El origen del conflicto

Según la reconstrucción del comunicador, el caso inició cuando difundió en Facebook la preocupación de vecinos de Buenavista por la instalación de una estación de gas contigua a zonas habitacionales. Aseguró que, antes de esa publicación, no existió contacto alguno con los propietarios del establecimiento.

El acercamiento vino después.

«Dos personas identificadas como periodistas de redes sociales me pidieron abiertamente bajar la información. Les dije que si la gasera tenía algo que declarar, me contactaran directamente», relató.

Posteriormente, la representación de la empresa le hizo llegar documentación con sus argumentos, los cuales Macario decidió integrar a la publicación inicial bajo el principio de derecho de réplica. «Actualicé la publicación para incorporar esos elementos, pero no la retiré», puntualizó. Durante los intercambios, la parte permisionaria le advirtió que evaluaba acciones legales con sus abogados, a lo que el periodista respondió que estaban en su pleno derecho.

La tensión escaló horas después de su intervención matutina en radio. Macario recibió avisos de que la FGE convocaba a medios a las 15:00 horas para formalizar el sealamiento. «Me comentaron que ya tenían todo preparado e incluso a la persona que daría la declaración», afirmó.

Las inconsistencias del aparato oficial

Más allá de la disputa, el caso expone una distorsión en las prioridades de la autoridad: mientras la FGE moviliza recursos para acorralar a un comunicador, la denuncia ciudadana de fondo —saber si la gasera opera bajo norma de Protección Civil y si representa un peligro real de explosión para las familias— continúa sin ser atendida.

«En vez de acudir a la zona a investigar si hay un riesgo que afecte a las familias, utilizan este caso para tratar de desacreditarme. Es una reacción exagerada y autoritaria del Gobierno del Estado, particularmente del Gobernador», recriminó Macario, lamentando además que exactores del periodismo crítico hoy colaboren con el cerco mediático desde el poder.

Lo que está en juego

Hasta el momento, lo dicho por Macario constituye su postura pública, la cual deberá contrastarse con las pruebas o carpetas que eventualmente presente la Fiscalía, recordando que un señalamiento en medios no constituye por sí mismo prueba de delito.

Sin embargo, el fondo del asunto trasciende el litigio entre un medio y una empresa. La encrucijada para la Fiscalía de Tabasco es clara: o demuestra con evidencias sólidas y verificables la existencia de un delito, o confirmará el uso del aparato de justicia como brazo represor contra la prensa incómoda.

Si los peritajes y registros en poder del periodista demuestran que solo existió la recepción e integración de una réplica sin mediación económica, la sospecha recaerá directamente sobre quienes impulsaron la denuncia y sobre la instrumentalización política de la procuración de justicia.

Macario adelantó que no modificará su agenda de investigación: «Quiero decirle al Gobernador que aunque me invente este u otro delito, no voy a guardar silencio. Es una obligación alzar la voz, tal como ellos lo hacían cuando eran oposición».