Trump blinda a Delcy Rodríguez: pide inmunidad en EEUU pese a demanda por secuestro, tortura y terrorismo
La política exterior de Estados Unidos dio un giro que amenaza con desatar una nueva tormenta política. La administración de Donald Trump solicitó al Departamento de Justicia que promueva la inmunidad judicial de Delcy Rodríguez, presidenta interina de Venezuela, pese a que enfrenta una demanda civil en Florida por presuntos secuestros, torturas y actos terroristas vinculados al régimen chavista.
La petición fue formalizada mediante una carta enviada el pasado 11 de julio por el asesor jurídico del Departamento de Estado, Reed Rubinstein, al fiscal general adjunto, Brett Shumate. En ella, el gobierno estadounidense sostiene que Rodríguez debe ser considerada inmune a la jurisdicción de los tribunales federales mientras permanezca como jefa de Estado interina.
El argumento de Washington parte del reconocimiento oficial otorgado el 5 de marzo a Rodríguez como presidenta en funciones de Venezuela, tras la captura de Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses el 3 de enero. Con ese reconocimiento, la administración Trump sostiene que cualquier procedimiento judicial en su contra tendría implicaciones directas para la política exterior de Estados Unidos.
La solicitud llegó apenas días antes de que un juez federal en Miami ordenara el pago de 314 millones de dólares como indemnización en el litigio. Sin embargo, Delcy Rodríguez quedó excluida del fallo, mientras que la resolución sí alcanzó a Nicolás Maduro y a otros exfuncionarios del chavismo.
En la misiva, el Departamento de Estado subraya la «especial importancia» de que la demanda contra Rodríguez sea desestimada, al advertir las consecuencias diplomáticas que podría generar mantener abierto el proceso judicial. Además, revela que la propia representación diplomática venezolana en Washington solicitó formalmente el reconocimiento de esa inmunidad.
La decisión coloca a la administración Trump en una posición políticamente delicada. Durante años, Delcy Rodríguez fue una de las principales figuras del círculo cercano de Maduro y una de las funcionarias más cuestionadas internacionalmente por su papel dentro del aparato chavista. Ahora, el mismo gobierno estadounidense que respaldó la captura de Maduro busca impedir que enfrente un juicio civil en territorio estadounidense.
El caso también abre un nuevo frente dentro de la oposición venezolana. Mientras María Corina Machado insiste en impulsar una transición democrática y mantiene su intención de regresar al país, Washington fortalece su relación con un gobierno interino encabezado por una figura que formó parte del núcleo del régimen chavista.
El contraste resulta inevitable: la captura de Maduro representó un golpe histórico contra el chavismo, pero la decisión de blindar judicialmente a quien fue su vicepresidenta amenaza con convertirse en uno de los episodios más controvertidos de la nueva estrategia estadounidense hacia Venezuela.
Con información de Latinus.
