A Joel Bravo lo mató la negligencia de Morena

Jorge Romero Herrera* | @JorgeRoHe

El asesinato de Joel Ángel Bravo Martínez, presidente municipal de San Miguel Amatitlán, Oaxaca, vuelve a sacudir la conciencia nacional y se suma a una larga lista de ediles y funcionarios de gobiernos municipales, estatales y federales asesinados en los gobiernos morenistas, cinco de ellos en diversos municipios de Oaxaca del 2022 a la fecha, violencia que no debemos normalizar.

El ataque violento perpetrado en su domicilio por un grupo armado, no solo le arrebató la vida a un servidor público, a un padre de familia, a un ciudadano comprometido con su comunidad, representa una realidad cada vez más preocupante en México: quienes se niegan a ceder ante el crimen organizado, la mayoría de las veces, terminan enfrentándolo solos.

Desde Acción Nacional expresamos nuestra más profunda solidaridad con la familia de Joel, con sus amigos, con sus colaboradores y con la comunidad mixteca. Compartimos su indignación, su dolor y su exigencia de justicia.

Pero también tenemos la obligación de decir con claridad lo que muchos mexicanos piensan: este asesinato no puede ser tratado como un hecho aislado ni reducido a una estadística más dentro de la crisis de violencia que vive el país.

Joel Bravo, como lo conocían, había advertido que su vida corría peligro, semanas antes sobrevivió a una agresión previa, por lo que solicitó protección a las autoridades estatales. Había expresado públicamente su preocupación por las amenazas que enfrentaba. Lo hizo por los canales institucionales y de frente a quienes tenían la responsabilidad de protegerlo. La ayuda nunca llegó.

Hoy la pregunta es inevitable: ¿de qué sirve que un alcalde denuncie amenazas, solicite apoyo y alerte sobre los riesgos que enfrenta si el Estado es incapaz de responder a tiempo?

Estamos hablando de una autoridad electa democráticamente, de un presidente municipal que representaba a una comunidad entera y que ejercía una responsabilidad pública. Si el gobierno no pudo o no quiso proteger a alguien que había advertido expresamente sobre el peligro que enfrentaba, ¿qué mensaje se está enviando al resto de las autoridades locales y a millones de ciudadanos?

Lo ocurrido en Oaxaca refleja un problema nacional. En muchas regiones del país los alcaldes gobiernan bajo presión permanente de grupos criminales. Son ellos quienes enfrentan de primera mano las amenazas, las extorsiones, las intimidaciones y la violencia que se vive en sus municipios. Son ellos quienes reciben llamadas amenazantes, mensajes intimidatorios y advertencias. Son ellos quienes, en numerosas ocasiones, tienen que decidir entre cumplir con la ley o someterse a las exigencias de la delincuencia y cuando deciden cumplir con la ley, cuando optan por defender a sus comunidades y no doblegarse frente al crimen organizado, el Estado tiene la obligación de respaldarlos.

Esa obligación no es opcional. Es una responsabilidad fundamental de cualquier gobierno.

Lamentablemente, durante los últimos años hemos visto cómo se expande la violencia mientras las autoridades federales continúan insistiendo en discursos que fueron rebasados por la realidad hace mucho tiempo. La estrategia de seguridad implementada por Morena ha demostrado una y otra vez su incapacidad para recuperar territorios, contener a los grupos criminales y devolver la tranquilidad a las familias mexicanas.

Los resultados están a la vista, miles de homicidios cada año. Decenas de miles de personas desaparecidas. Comunidades enteras sometidas por la delincuencia. Carreteras inseguras. Comercios extorsionados. Productores obligados a pagar cuotas y autoridades municipales que en muchos casos enfrentan amenazas sin contar con el respaldo efectivo de las instituciones. México no puede acostumbrarse a vivir así.

No podemos normalizar que un presidente municipal solicite protección y posteriormente sea asesinado. No podemos aceptar que las advertencias previas sean ignoradas. No podemos resignarnos a que la impunidad siga siendo la regla.

Por eso exigimos una investigación exhaustiva que permita identificar y castigar tanto a los autores materiales como a los responsables intelectuales de este crimen. La justicia debe llegar hasta las últimas consecuencias.

Pero también exigimos que se esclarezcan las posibles omisiones institucionales. La sociedad tiene derecho a saber qué ocurrió después de que Joel Bravo solicitó protección. Tiene derecho a conocer qué autoridades fueron informadas del riesgo. Tiene derecho a saber qué acciones se realizaron y cuáles dejaron de realizarse.

Lo que está en juego va mucho más allá de un caso individual. Se trata de garantizar que ningún presidente municipal, regidor, síndico o funcionario local vuelva a quedar desprotegido después de denunciar amenazas. Se trata de construir mecanismos eficaces de protección para quienes sirven a sus comunidades en zonas donde la presencia del crimen organizado representa un riesgo real.

Los municipios son la primera línea de contacto entre el gobierno y la ciudadanía. Cuando un alcalde es atacado, no sólo se agrede a una persona; se agrede a una institución democrática y se busca intimidar a toda una comunidad.

Por eso el asesinato de Joel Bravo debe convertirse en un punto de reflexión nacional. México necesita recuperar el Estado de derecho. Necesita gobiernos que entiendan que la seguridad no es un discurso ni una consigna política. Es una obligación constitucional y moral. La principal responsabilidad de cualquier autoridad es proteger la vida y la libertad de las personas.

Joel Bravo representaba a miles de mexicanas y mexicanos que todos los días trabajan por sacar adelante a sus comunidades. Su historia es la de muchos servidores públicos que, lejos de los reflectores nacionales, enfrentan enormes desafíos para cumplir con su deber.

Su asesinato nos duele. Nos indigna. Y nos obliga a levantar la voz porque la memoria de Joel Bravo Martínez merece algo más que condolencias: merece verdad, merece justicia y merece que este país recupere la seguridad que hoy millones de familias siguen esperando.

*Presidente de Acción Nacional.

Este artículo se publicó originalmente en El Heraldo de México.