Producir primero, reparar después: Sheinbaum y May justifican impactos de derrame de crudo en Tabasco

El mensaje es claro —y preocupante—: en México, el llamado “rescate” de la empresa petrolera del Estado se está construyendo sobre la minimización sistemática de sus impactos. La presidenta Claudia Sheinbaum y el gobernador de Tabasco, Javier May, han optado por un discurso que reduce la gravedad de los accidentes recientes, mientras en tierra —y en agua— las consecuencias se acumulan.

Desde 2019, la lógica no ha cambiado: producir más, cuestionar menos. En nombre de la soberanía energética, se ha normalizado un patrón donde los daños ambientales, los riesgos a la salud y, en el peor de los casos, la pérdida de vidas humanas, se diluyen en comunicados oficiales y promesas de remediación.

Sheinbaum ha insistido en deslindar a la empresa de responsabilidad directa en los incidentes recientes, atribuyendo los derrames a factores externos o reduciendo su impacto. Una narrativa que contrasta con la evidencia: ecosistemas afectados, cuerpos de agua contaminados y comunidades expuestas.

Por su parte, Javier May repite el libreto: “todo está bajo control” y “se pagarán los daños”. Pero la experiencia dicta otra cosa. En Tabasco, las indemnizaciones suelen ser tardías o insuficientes, y la remediación ambiental rara vez regresa las cosas a su estado original.

Detrás de las declaraciones, el mensaje real es más crudo: la producción no se detiene. Aunque eso implique asumir los daños como “costos colaterales”. Aunque eso signifique poner en segundo plano a quienes viven en las zonas petroleras.

El problema no es solo el derrame más reciente, ni el accidente más visible. Es un modelo que prioriza la extracción sobre la prevención, la narrativa sobre la transparencia y la operación sobre la vida.

En el sureste, el petróleo no solo fluye por ductos y refinerías. También atraviesa decisiones políticas que, una y otra vez, eligen mirar hacia otro lado.