Pemex mantiene contratos multimillonarios con KPMG pese a denuncias, sanciones y señalamientos penales
Redacción
Ciudad de México. Petróleos Mexicanos (Petróleos Mexicanos) mantuvo y amplió su relación contractual con la firma auditora KPMG Cárdenas Dosal durante al menos tres administraciones federales, a pesar de la existencia de denuncias internas, señalamientos penales, sanciones internacionales y reportes que advertían sobre presuntas prácticas ilícitas dentro de la empresa, de acuerdo con una investigación del periodista Lino Zentella.
Desde 2018, Pemex ha asignado a KPMG Cárdenas Dosal un total de 11 contratos por un monto acumulado de 1,174 millones de pesos, en su mayoría mediante el esquema de Adjudicación Directa. La relación se consolidó el 4 de diciembre de 2025, cuando la firma obtuvo un contrato por 313.2 millones de pesos para auditar los estados financieros separados y consolidados de Pemex correspondientes a los ejercicios 2025 y 2026, con vigencia multianual hasta 2028.
El contrato incluye revisiones para información a revelar ante la Securities and Exchange Commission de Estados Unidos, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y la Bolsa Mexicana de Valores, además de auditorías a filiales como PMX Fertilizantes Holding y PMX Fertilizantes Pacífico. El procedimiento fue identificado como DF-AD-S-GCSS MVR-105127-2025, bajo la modalidad de adjudicación directa.
La reiteración de este mecanismo resulta relevante, ya que KPMG se ha convertido en el despacho auditor recurrente de Pemex, con encargos que abarcan ejercicios financieros críticos, dictámenes presupuestales y fiscales, estudios de precios de transferencia y verificaciones de sostenibilidad, lo que configura una relación de dependencia técnica y operativa.
No obstante, esta continuidad contractual coincidió con la existencia de reportes internos documentados entre mayo y julio de 2018, que señalaban presuntas irregularidades graves dentro de KPMG México. Entre los hechos denunciados se menciona la posible condonación de pagos y sobornos por 625 mil dólares para obtener la auditoría externa de Pemex correspondiente al ejercicio 2019, involucrando a altos directivos de la firma.
Estos señalamientos fueron notificados formalmente en septiembre de 2022 al entonces director general de Pemex, Octavio Romero Oropeza, sin que se ordenara la suspensión, rescisión de contratos o inhabilitación de la empresa auditora.
A ello se suma una denuncia penal presentada el 18 de marzo de 2024 y recibida en mayo del mismo año por la Fiscalía General de la República, en la que un exsocio de la firma acusó a KPMG Cárdenas Dosal y a KPMG LLP de una presunta red sistemática de fraude fiscal, contable y de auditoría, además de sobornos, falsificación de facturas, doble contabilidad y violaciones a normas anticorrupción de México, Estados Unidos y Reino Unido.
La denuncia también documenta represalias laborales contra el denunciante y agrega señalamientos de acoso sexual y nepotismo dentro de la firma, presuntamente encubiertos por la estructura directiva. De acuerdo con el expediente, estos hechos habrían sido reportados tanto a instancias nacionales como globales de KPMG, sin consecuencias disciplinarias.
En el ámbito internacional, en marzo de 2025 la Public Company Accounting Oversight Board (PCAOB) de Estados Unidos impuso sanciones, censuras y multas a diversas firmas del grupo KPMG —incluida KPMG Cárdenas Dosal— por deficiencias en controles de calidad y fallas en el cumplimiento de estándares de auditoría. Pese a ello, Pemex continuó asignándole contratos para auditar estados financieros que se reportan ante reguladores nacionales e internacionales.
El caso también destaca que KPMG Cárdenas Dosal ha firmado más de 70 contratos por más de 2,057 millones de pesos con diversas instituciones del sector público mexicano, entre ellas Banxico, Nafin, Infonavit y Agroasemex, consolidando una posición dominante en auditorías gubernamentales.
De acuerdo con la investigación de Lino Zentella, la persistencia de esta relación contractual revela posibles omisiones estructurales en los procesos de evaluación jurídica, ética y de cumplimiento normativo dentro de Pemex, al no considerar de manera integral los riesgos legales y reputacionales antes de autorizar adjudicaciones directas por montos multimillonarios.
