Sedena cometió dos ‘errorcitos’ legales que le costarán 9 mil millones de pesos luego de que una empresa de seguridad interpusiera una demanda en su contra
La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) enfrenta una de las derrotas legales más costosas de su historia. Un juez federal ordenó a la dependencia pagar 9 mil 534 millones de pesos a la empresa Security Tracking Devices (STD), propiedad del empresario José Susumo Azano, debido a fallas elementales cometidas por su área jurídica.
El Jefe de la Unidad de Asuntos Jurídicos, General Pedro Bonilla Muñoz, no acreditó su personalidad como apoderado legal de la Sedena, y además la apelación presentada por la dependencia fue extemporánea. Estos errores llevaron al juez Gabriel Regis, Décimo Sexto de Distrito en Materia Administrativa, a declarar a la Sedena en rebeldía y confesa de todo lo reclamado por la empresa.
Antecedentes del caso
La empresa STD demandó en septiembre de 2023 el pago de 13 facturas derivadas de 9 contratos de equipos de espionaje, adjudicados directamente entre 2010 y 2012.
La Sedena rescindió dichos contratos durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, cuando la entonces PGR abrió una investigación.
En marzo de 2024, el juez resolvió que los representantes legales de la Sedena no acreditaron personalidad, y en julio un Tribunal Colegiado confirmó que la apelación fue presentada fuera de tiempo.
PERFIL DEL EMPRESARIO BENEFICIADO
José Susumo Azano, dueño de STD, tiene un historial polémico: Fue uno de los vendedores en México del software de espionaje Pegasus, desarrollado por la firma israelí NSO Group. Además, en 2019, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) bloqueó sus cuentas y las de su empresa. Recordar también que en 2017 fue condenado en California a tres años de cárcel por aportaciones ilegales de 600 mil dólares a campañas políticas en San Diego.
CONSECUENCIAS INSTITUCIONALES
La sentencia exhibe una cadena de negligencias jurídicas dentro de la Sedena que derivaron en una condena multimillonaria. Más allá del monto, el fallo deja en evidencia la fragilidad institucional y la falta de rigor legal en una dependencia que, por su naturaleza, debería operar con máxima disciplina y profesionalismo.
