SSPC bajo sospecha: padre de joven asesinado acusa encubrimiento y bloqueo a la investigación
La crisis de seguridad en Tabasco sumó este fin de semana un nuevo capítulo oscuro. Lucio Isidro Ricárdez, padre de Rodrigo Isidro —el estudiante de 20 años presuntamente ejecutado por policías estatales en un retén irregular— estalló contra el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Serafín Tadeo Lazcano, a quien acusó de obstaculizar deliberadamente la investigación que encabeza la Fiscalía General del Estado (FGE).
Ricárdez reveló que desde el 19 de noviembre la FGE solicitó a la SSPC la lista de agentes que operaban la patrulla 72-531, señalada por participar en el ataque que terminó con la vida de su hijo. Diez días después, el secretario no ha entregado un solo dato. Ni un nombre. Ni una respuesta. Nada.
Para la familia, ese silencio no es casual: “Esto ya parece encubrimiento”, sentenció.
La desconfianza crece porque tampoco han recibido las grabaciones del C4 correspondientes al día del crimen. “No ha dicho si las cámaras sirven o no sirven”, reprochó Ricárdez. El vacío de información, dijo, sólo alimenta la sospecha de que la dependencia está protegiendo a los responsables.
Y no es lo único. El padre denunció información que apunta a que los policías o sus mandos retiraron cámaras particulares de viviendas cercanas al lugar del ataque, presuntamente para borrar cualquier evidencia incómoda. De confirmarse, sería un intento flagrante de sabotear la investigación.
Ricárdez subrayó que la SSPC tiene la obligación legal de entregar todo lo solicitado por la Fiscalía, pero ante la omisión de la dependencia, anunció que iniciará nuevos procedimientos legales para forzar el avance del caso. La paciencia se agota: “Si siguen bloqueando la verdad y la justicia, me van a obligar a alzar la voz más fuerte, pero ya con violencia”, advirtió, visiblemente desesperado.
El padre exigió al gobernador Javier May y al fiscal general que intervengan y frenen lo que calificó como un intento institucional de encubrir a los policías involucrados.
Tabasco suma así otro episodio de opacidad, abusos y negligencia oficial, mientras la familia Isidro clama por algo que el Estado les ha negado desde el primer día: verdad y justicia.
