Golpe dulce, costo amargo: México cierra fronteras al azúcar barato mientras la inflación alimentaria se dispara
El Gobierno federal decidió endulzar su narrativa proteccionista con un golpe arancelario que podría amargarle el panorama a la industria y al consumidor mexicano. Según un decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), se impondrán aranceles de hasta 210 por ciento a la importación de azúcar, bajo el argumento de “proteger” a la agroindustria nacional frente a la caída de precios internacionales.
La medida, que entra en vigor de inmediato, afecta directamente a las importaciones provenientes de Brasil, principal exportador hacia México, y busca contener una supuesta “sobreoferta” en el mercado interno. Sin embargo, expertos advierten que el remedio podría resultar más caro que la enfermedad.
El decreto modifica las fracciones arancelarias en la Ley de los Impuestos Generales de Importación y Exportación, sustituyendo cuotas fijas por tasas proporcionales de 156% y hasta 210.44%, dependiendo del tipo de azúcar.
Aunque el Gobierno intenta presentar la decisión como una defensa del campo mexicano, la realidad apunta a un encarecimiento en cadena: la industria alimentaria, las bebidas y la confitería sufrirán aumentos de costos que, inevitablemente, terminarán trasladándose al consumidor.
Mientras tanto, analistas financieros alertan que México se aísla comercialmente en momentos donde la economía requiere apertura, no barreras. Los nuevos aranceles, advierten, podrían tensar las relaciones con socios latinoamericanos, alterar precios internos y profundizar la inflación alimentaria.
“Protección sí, pero no a costa del bolsillo del mexicano ni del libre comercio”, reprochan voces del sector privado, que ven en esta medida una reacción improvisada, más política que económica.
En pleno discurso oficial de apoyo al campo, el gobierno decide blindar una industria con ingenios quebrados y deudas históricas, mientras castiga la competencia internacional y distorsiona los precios internos.
Una vez más, el populismo económico se disfraza de “soberanía productiva”. Y, como siempre, serán los consumidores quienes terminen pagando la factura.
