Tabasco, epicentro del huachicol: más de 16 millones de litros decomisados exhiben fracaso en el combate al robo de combustible
Tabasco se confirma como uno de los mayores centros operativos del país para el robo y la distribución de combustible ilegal, con más de 16.8 millones de litros de huachicol decomisados en lo que va del año. A pesar de la retórica oficial y de los operativos espectaculares, el negocio del robo de hidrocarburos no sólo persiste: se consolida.
El mapa del delito está claro. Los decomisos se concentran en Cárdenas, Comalcalco, Cunduacán y Centro: municipios clave en la ruta estratégica que conecta el complejo petroquímico Cactus, en Reforma, Chiapas, con la flamante refinería Olmeca en Dos Bocas, Paraíso. La ironía no pasa desapercibida: la obra insignia del sexenio se alza como un símbolo del “rescate energético” mientras el robo de combustible florece en sus narices.
El 8 de julio, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, se congratuló de los últimos decomisos. Sin embargo, apenas un día después, el comandante de la 30 Zona Militar, Miguel Ángel López Martínez, reveló que entre enero y mayo ya se habían asegurado casi 15 millones de litros de combustible robado. El volumen y la frecuencia de los hallazgos no son un éxito: son la evidencia de un fracaso.
Más allá de los litros decomisados, la lista de infraestructura criminal asegurada pinta un retrato alarmante: 3 mil 904 contenedores, 27 camionetas, cinco autotanques, tres pipas, 24 tractocamiones, 13 predios y hasta una planta de luz. Siete personas han sido detenidas, un número ridículo frente a la magnitud de la red que opera con recursos, logística y conocimiento del territorio.
Autoridades federales como la Guardia Nacional, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Secretaría de Marina (Semar) y la Fiscalía General de la República (FGR) se han sumado a la contención, pero sus éxitos son parciales y puramente reactivos. Los decomisos millonarios, celebrados en conferencias de prensa, sólo muestran la punta del iceberg: debajo, subsiste una economía criminal que corroe comunidades, financia estructuras delictivas y exhibe la corrupción local.
Mientras se presume seguridad y desarrollo en Tabasco, la realidad es que el huachicol circula casi con la misma fluidez que los discursos oficiales. En lugar de una estrategia integral para sofocar las redes del robo de combustible —que involucran transporte, almacenamiento, protección política y venta al menudeo—, se han limitado a perseguir camiones cargados y a catear bodegas tras recibir reportes.
El contraste es brutal: la llamada Cuarta Transformación prometió terminar con el robo de combustible, pero Tabasco, tierra natal del presidente López Obrador y sede de su proyecto energético estrella, se ha convertido en un símbolo de esa promesa rota.
Porque mientras el huachicol siga fluyendo a niveles industriales y las detenciones sean anecdóticas, la pregunta incómoda persistirá:
¿Quiénes permiten, protegen y se benefician de este negocio criminal en el corazón del “rescate energético” nacional?
