Informe Rojo
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Chiquiyunes sigue dando palos de ciego
Mussio Cárdenas Arellano | @mussiocardenas
Antes que el Poder Judicial Federal se pudra y sea cooptado por Morena y que el aparato judicial lo haga pedazos, Chiquiyunes se ampara. Así huela a cárcel, quiere evitar la prisión. Y aferrarse al fuero de senador.
Aquel que decía que fueran por él, que no les temía, que les facilitaba su agenda para su detención, hoy tramita un juicio de amparo y se acoge a la suspensión provisional que congela, sólo por tiempo breve, la orden de aprehensión.
Acorralado, Miguel Ángel Yunes Márquez, al que Rocío Nahle, futura gobernadora de Veracruz, quiere como trofeo de guerra, patalea y se retuerce, se enciende y transpira bilis para enfrentar la embestida política con el recurso jurídico del juicio de amparo.
El thriller de Chiquiyunes ya apunta a un culebrón, un Presunto Culpable, un Papillón. Una jueza federal de la Ciudad de México le dio la suspensión que evita ser aprehendido, por el momento, y construir con ladrillos de acero la narrativa legal de que le violaron sus derechos.
Pero el primogénito de los Yunes privilegia mal o a medias el contragolpe político y sigue en las mismas, como jabalí en cristalería, soltando lumbre. “Les voy a ganar”, repite a quien le concede el micrófono. “El juez quiere ser magistrado”, vocifera sin freno. Y Nahle, por supuesto, se ríe.
Los alardes, la estridencia, las bravatas, son ruido. Distraen. Sacan de foco, desvían la atención del ingrediente central: es una persecución política.
Y no se le ocurre al Clan Yunes –o ya perdieron los contactos– cómo detonar en prensa pesada, en foros internacionales, los de mayor impacto, en el círculo de poder económico que tiene en la mira a Veracruz para invertir, que la gober espuria es un ave de rapiña.
Con un gramo de materia gris, Chiquiyunes centraría el alegato en la vendetta política: la mano áspera de Rocío Nahle, sobre la que no pesa una denuncia sino casi 40 en la Fiscalía General de la República y en la Secretaría de la Función Pública, congeladas para que la impunidad no se altere; la víscera que la domina, la ira desbordada, el afán demencial por la venganza, el uso del aparato policíaco, ministerial, judicial para llevarlo a prisión.
Ahí habría centrado la discusión Yunes Márquez. Sería su argumento central. Y le pondría nombre a su verdugo. Y repetiría una y otra vez quién es: Nahle, Nahle, Nahle.
Desollarla públicamente, arrancarle la máscara, gritar qué la mueve, aportar nueva información, cómo usa el aparato de poder, a la Fiscalía de Veracruz, al Poder Judicial, cobrándose las afrentas de campaña, la exhibición de su riqueza, las mansiones en El Dorado y Villahermosa, el departamento en San Pedro Garza García, los terrenos del futuro vicegobernador, Pepe Peña, su marido, y hasta los privilegios al neoyerno Fernando Bilbao con sus empresas de hidrocarburos de creación reciente y, también, su súbita fortuna.
Chiquiyunes saca el lanzamisil pero avienta un diábolo. Se entretiene con un juez de poca monta cuando que Rocío Nahle tiene tela de donde cortar. Ella es el vértice del aparato represor, la que instruye, la que manda. Ha sido la matrona, la que, vía Eric Cisneros, vía la fiscal espuria, Verónica Hernandez Giadáns, vía el inservible gobernador Cuitláhuac García, ha erigido un estado persecutor que encarcela enemigos políticos, que inventa delitos, que fabrica delincuentes, que logra condenas infames. Es una mente enferma. Es, en esencia, el terror de Veracruz.
Rocío quiere a los Yunes huyendo. Y los Yunes huyen. Perdieron alcances, contactos clave para neutralizar. Se guardan información explosiva que desmitifique a la zacatecana. O de plano le pincharon el cel y no escucharon nada. Reaccionan, en cambio, con un amparo a una orden de aprehensión. Y ahí se estancan.
Nahle es vulnerable. Más vulnerable que Chiquiyunes. Sobre Nahle pesa el huachicol y la simulación con la que decía combatirlo; un operativo que sólo tuvo la intención de detonar un desabasto de combustible que alineó y sometió a los concesionarios de gasolineras en el país. Pesa la red de concesionarios que pululan a su alrededor, los Lemarroy, entre otros, que ya tienen sus enclaves en el próximo gobierno de Veracruz.
Pesa la tragedia de Tlahuelilpan, donde el pueblo bueno y sano que robaba combustible terminó abrazado por las llamas ante la mirada impávida de los militares que debieron impedir que violaran la ley.
Y los negocios en Dos Bocas, tipo robo hormiga, con contratos de mil millones de pesos para el ex director de Obras Municipales de Coatzacoalcos, Leopoldo Suárez y socio, del equipo moral del susodicho Pepe Peña, futuro vicegobernador de Veracruz.
Y el gasoducto que construye TransCanada de Tuxpan a Dos Bocas con Juan Carlos Fong adentro, cosechando los frutos de la Cuarta Transformación.
Y el financiamiento de restaurantes en Atlanta, Georgia, siendo secretaria de Energía, algunos miles de pesos quizá de su bolsillo, quizá no.
Y qué decir de la explosión en Clorados III, planta que venía acusando falta de mantenimiento desde que Pepe Peña era uno de los mandamases en el área de mantenimiento del Complejo Pajaritos.
Y la red de corrupción Pemex-proveedores de la que el clan Nahle-Peña no es ajeno.
Pero los Yunes están pasmados. Son vapuleados Miguel Ángel y Fernando Yunes Márquez, acosados por la Fiscalía, acusados de uso de documento falso, delito electoral, fraude procesal y hasta de la construcción de la Torre Centro a espaldas del mítico Faro en el puerto de Veracruz.
Frente a una adversaria tan vulnerable, tan burda, tan arrebatada y locuaz, Chiquiyunes prefiere correr, y alardear, y soltar las bravatas de campaña en que instaba a que fueran por él. Y cuando fueron por él, se arrugó.
Me podrán girar una orden de aprehensión, pero no doblegar”, fue lo último que se escuchó. Y se refugió en la suspensión provisional, que evite su extradición desde Jacksonville, Florida, Estados Unidos, donde dice convalecer de un tratamiento por daños en la columna vertebral, que pocos creen. Las maromas del Chiquiyunes para alargar el proceso y que pueda regresar a México, rendir protesta, convertirse en senador y gozar de fuero, o sea inmunidad.
Una embestida política se destruye –siempre– con una respuesta doblemente política.
Y mientras los Yunes azules se apanican, Rocío Nahle ríe.
POSDATA
Aparezca o no la hija, Juan Carlos Fong tendrá que pagar reparación del daño por 8 millones 715 mil pesos. Es lo que marca la ley. Son los saldos de la tragedia ocurrida en el río Calzadas, afluente del Coatzacoalcos, la noche del sábado 13. Son los saldos de un siniestro dramático en que perdieron la vida, ahogados, siete jóvenes que se hallaban en el interior de la camioneta Suburban que cayó al río. Sin menoscabo de que se haga justicia, que se determine si es homicidio imprudencial, si hay o no agravantes, si es catalogado como homicidio imprudencial agravado, y quien está en la mira es Ana Fong López, la hija del contratista del Clan Nahle, la reparación del daño se calcula a razón de 5 mil días de salario mínimo. O sea, 270 pesos diarios por 5 mil. En total, el propietario de la camioneta, Juan Carlos Fong Cortés, tendrá que pagar un millón 245 mil pesos por cada uno de los jóvenes fallecidos; en total, 8 millones 715 mil pesos. Es lo que tipifica la Ley Federal del Trabajo en sus artículos 502 y 503, y que sirve de referencia legal. La vida no tiene precio. La vida de un hijo, menos aún. Pero la reparación del daño es un derecho, sin que implique que se renuncie a la exigencia de justicia. Y Ana Fong López continúa sin declarar ante la Fiscalía de Veracruz… Humberto Opazo tiene dos destinos: irse a CAEV con Hideliza Díaz o sustituirla en la Dirección de CMAS de Coatzacoalcos. Humberto Opazo Pérez, quien hoy es jefe de Recursos Materiales en el sistema de agua, es el brazo derecho de Hildeliza Díaz con quien viene trabajando desde la Oficina de Hacienda del Estado en Coatzacoalcos. De concretarse la designación de Hildeliza Díaz Calafel en la cúpula de la Comisión de Aguas del Estado de Veracruz, a Humberto Opazo se le abre la posibilidad de acceder a un cargo estatal. La otra opción es ser el relevo de Hildeliza al frente de la Comisión Municipal de Agua y Saneamiento de Coatzacoalcos. Años atrás, Opazo fue operador cercano del priista Víctor Rodríguez Gallegos, ex líder estatal de Movimiento Territorial, ex secretario de Gobierno en el ayuntamiento de Coatzacoalcos, durante la segunda alcaldía de Marcelo Montiel Montiel, y ex subdelegado administrativo de Sedesol federal. El que le pone la puntería a CMAS es el alcalde Amado Cruz Malpica, que ve un jugoso botín a su alcance. Quiere imponer un director a modo. Olvida que CMAS es posición de Rocío Nahle, la gobernadora electa, y del constructor Emmanuel Peña Sánchez, dueño de la empresa Copesa, cuya vinculación con Morena le dan mano en la asignación de espacios directivos y contratos en el ayuntamiento de Coatzacoalcos. No cesa Amado en disputarle a Rocío Nahle el control del feudo…
Este artículo se publicó originalmente en Mussio Cárdenas, se reproduce con la autorización del autor.