Creciente ola de extorsiones impacta economía de empresarios y pequeños negocios en Quintana Roo
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Recientemente circuló en redes sociales el anuncio del restaurante bar “Los de La Luna”, ubicado en la esquina de la avenida La Luna y Nichupté, que cerraba sus puertas pues no podían pagar el ‘derecho de piso’ que el crimen organizado les imponía para seguir operando, como este, casi a diario se denuncian casos similares de extorsión en Quintana Roo, principalmente en Cancún, Playa del Carmen, Tulum y Chetumal, una actividad criminal que está afectando gravemente todos los niveles sociales, empresariales y productivos del estado, la pasividad e incompetencia del gobierno local para combatir este delito, nos está enfilando a la situación incontrolable de violencia que vive Acapulco, Guerrero.
La extorsión es uno de los delitos que gozan de mayor impunidad en todo el país y en Quintana Roo no es la excepción. Tiene diferentes modalidades; la más común es la del tipo telefónico; pero también se da vía mensajería de WhatsApp; así como a través de diferentes servicios de mensajería de otras redes sociales; mientras que las formas más violentas se dan cara a cara en negocios, la mayoría de ellos pequeños, donde los delincuentes amenazan, amedrentan y violentan de manera permanente a sus víctimas.
Los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública muestran que, a nivel nacional, hubo un incremento gradual en la tasa de extorsiones desde que se tiene el primer registro comparable, en 2015, y hasta la última fecha de corte en el mes de mayo de este 2024.
En efecto, en 2015 la tasa registrada fue de 4.91 casos por cada 100 mil habitantes; para el 2016 fue de 4.64, es decir, prácticamente fue el mismo nivel registrado en el año previo; en 2017 fue de 4.92; en 2018, de 5.33; en 2019, de 6.87; en 2020, 6.21; en 2021 fue de 6.84; en 2022 llegó a 7.92; y en 2023 se ubicó en 7.88 casos por cada 100 mil habitantes.
En el caso de las extorsiones se trata de un delito que atenta gravemente contra el patrimonio de las familias; pero, además, contribuye enormemente a la percepción sobre la impunidad y la corrupción, pues es al mismo tiempo uno de los delitos que en menor medida se denuncian y, cuando se hace de conocimiento de la autoridad, se trata, según los datos de las encuestas del INEGI, uno de los delitos de mayor nivel de impunidad.
Es de conocimiento común que muchas de las llamadas que se hacen para extorsionar a la población provienen de cárceles; y también en muchos casos, los casos que se llevan a cabo de manera presencial se dan con la complicidad o incluso, según numerosas denuncias dadas a conocer mediáticamente, con presencia física de cuerpos de seguridad policiaca local.
Preocupa, y mucho, que el sea el crimen organizado el que mayoritariamente se haya especializado en la comisión de este delito; pero, sobre todo, que sean las estructuras criminales más poderosas las que controlan y determinan cuándo, a quién y cómo debe aproximársele para garantizar la mayor sangría de recursos económicos.
El crecimiento que se dio en la tasa de ocurrencia de este delito ratifica la facilidad con que puede cometerse; y más aún, establece un rasero inaceptable de impunidad que permea en todos los espacios de la vida pública; pues el hecho de que no se contenga y de que cada vez haya más víctimas, habla de cómo el miedo y la certeza de que, de no ceder a las presiones de los malhechores, se corre el riesgo de perder la vida o de que alguno de los seres queridos resulte lastimado.
A nivel nacional, en los seis años de la presente administración, el delito de extorsión presenta un incremento de 18 por ciento, entre 2019 y 2023, al pasar de 8 mil 734 a 10 mil 337 carpetas de investigación iniciadas, respectivamente, de acuerdo con los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).
En diferentes fechas, durante su conferencia matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha reconocido que esta conducta delictiva es la que más resistencia mantiene, dentro de la estrategia de seguridad.
En los primeros 66 meses de la presente administración, de diciembre de 2018 a mayo del presente año, según las cifras de Secretariado, se han denunciado 51 mil 096 casos de extorsión. Las cifras establecen que por este ilícito se presentaron 558 denuncias al inicio de este gobierno, en diciembre de 2018; para registrar 8 mil 734 casos en 2019, el primer año completo de esta gestión.
Para el 2020, año en que inició la pandemia por covid-19, se registró una baja de 8.8 por ciento, en comparación con el año anterior, con 7 mil 960 carpetas de investigación en el país. El repunte comenzó para los años siguientes, con 8 mil 828 denuncias por extorsión en 2021, al año siguiente fueron 10 mil 343, la cifra más alta del sexenio, y llegó a 10 mil 337 el año pasado. La estadística del SESNSP establece que, en el presente año, de enero a mayo, se han denunciado 4 mil 336 casos de extorsión.
Dentro de esta numeralia, increíblemente el estado de Quintana Roo no figura, por la sencilla razón que no hay denuncias en la mayoría de los casos, por temor, los extorsionados, los que sucumbieron al ‘derecho de piso’, se quedan callados
Las cifras indican que sólo en el Estado de México se cometen el 65.6 por ciento de los casos de extorsión denunciados ante una autoridad, de acuerdo con las cifras del SESNSP. Se detalla que, de las 51 mil 096 carpetas iniciadas de diciembre de 2018 a mayo de 2024, 17 mil 534 casos de extorsión ocurrieron en la entidad mexiquense.
Le siguen Veracruz con 4 mil 378 denuncias por este delito en los 66 meses del periodo que se presenta; Jalisco con 3 mil 581 casos de extorsión, y Nuevo León con 3 mil 436 carpetas de investigación. En el quinto lugar se ubicó la Ciudad de México con 2 mil 864 denuncias por extorsión de diciembre de 2018 a mayo del presente año.
Le sigue Guanajuato con 2 mil 041 casos, entidad en donde destacó el crecimiento exorbitado de este delito, al pasar de 18 denuncias en 2019 a 17 para el año siguiente; en 2021 aumentó a 291 casos, al año siguiente fueron 523, el año pasado fueron 801 denuncias; y de enero a mayo de 2024 van 390 denuncias.
Querétaro sigue en la lista con mil 251 denuncias por extorsión, en el periodo analizado; seguido de Guerrero con mil 187 carpetas de investigación. Tabasco reportó 788 denuncias por extorsión en los 66 meses del informe y Oaxaca cierra la lista de las diez entidades con más denuncias por extorsión, con 702 casos.
Dentro de las voces que han clamado complicidades de la delincuencia organizada está la de Liliana Bravo Mena, presidenta de la Asociación Mexicana de Mujeres Empresarias (Amexme) Riviera Maya, quien aseguró que muchos empresarios, sobre todo del norte de Quintana Roo, no están realizando las denuncias correspondientes al sufrir cobros de “derecho de piso” por “filtraciones” en la Fiscalía General del Estado.
La representante del sector destacó que muchos empresarios, por ese motivo, incluso han decidido no comentar nada cuando son víctimas de algún delito relacionado con la inseguridad. Bravo Mena subrayó que es imprecisa cualquier cifra que las autoridades saquen a la luz sobre la incidencia de extorsiones, ya que muchos de los casos ni siquiera llegan a judicializarse. “Muchas veces se platica, pero no se denuncia, porque no hay línea de denuncia. No sabemos por eso qué tan recurrente son los casos, o las cifras, porque no se denuncia”, dijo.
Ante esta situación, refirió que, durante una reunión con Raciel López Salazar, integrantes del sector empresarial le solicitaron al fiscal del estado, además no fomentar la denuncia, “que haya una línea de denuncia interna…Esto quiere decir que cuando vaya a denunciar, también pueda denunciarse hacia dentro, si se cometió un acto de corrupción, un acto de filtración, para que esto también vaya contra los funcionarios públicos”, explicó.
También el presidente de Empresarios por Quintana Roo en Solidaridad, Jorge Bucio, acusó que no cesan la extorsiones y “cobro de piso” para empresarios de Playa del Carmen: “El tema de la extorsión es un problema grave, la verdad”; considero que es general en toda la entidad, tanto en el sur y norte, pero se agrava -dijo- en el municipio de Tulum. “Nosotros lo único que podemos hacer, es acercarnos al gobierno, pedirles atención. Nuestra función es acercar al empresariado para que se resuelvan estos problemas”, aseguró.
En mayo de este año los integrantes de la Mesa de Seguridad y Justicia se reunieron con el Sector Empresarial del Municipio de Solidaridad y anunciaron la creación del Grupo Centurión para combatir la extorsión en Playa del Carmen, la implementación de 52 nuevos puntos de monitoreo inteligente, lo que equivale a 208 cámaras de seguridad, para fortalecer la seguridad ciudadana y avanzar en la construcción de paz en Solidaridad.
Hace un mes, la Fiscalía General del Estado (FGE) informó sobre la detención de José Eduardo “N”, alias “El Ñoño” y/o “Drako”, uno de los principales extorsionadores de negocios y comercios en Playa del Carmen. La orden de aprehensión fue cumplimentada por la probable participación del imputado en el delito de extorsión en agravio de una víctima cuya identidad se mantiene reservada.
La detención de José Eduardo “N” fue realizada por elementos de la Policía de Investigación de la Fiscalía Especializada en Combate a los Delitos de Secuestro y Extorsión, en la calle 15 bis con Juan Escutia de la colonia Nicte-Há, en el municipio de Solidaridad.
Las primeras investigaciones revelan que, a inicios de abril de 2023, José Eduardo “N”, identificado como integrante de un grupo criminal operante en la ciudad, envió mensajes extorsivos a una víctima exigiéndole el pago de cinco mil pesos mensuales por ‘derecho de piso’, con la amenaza de enviar sicarios al establecimiento en caso de negarse. El 30 de abril de 2023, José Eduardo “N” y un cómplice visitaron el local de la víctima, entregándole una bala y un papel con el número de tarjeta bancaria para realizar la transferencia del dinero exigido, la cual debía confirmarse enviando el comprobante a un número telefónico.
José Eduardo “N” está vinculado a múltiples extorsiones en pequeños comercios del municipio de Solidaridad, actuando con cómplices bajo la fachada de trabajadores de un líder criminal. Junto con Óscar “N”, alias “El Botitas”, quien fue vinculado a proceso en octubre de 2023, eran considerados como los principales extorsionadores en Playa del Carmen.
Una noticia que fue recibida con agrado por la población fue el anuncio de que los casos de extorsión en Quintana Roo se investigarán de oficio, es decir, sin necesidad que exista una denuncia formal por parte de la víctima. Esto se dio luego de que los diputados del Congreso local aprobaran las reformas al Artículo 163 del Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Quintana Roo.
El diputado Hugo Alday Nieto, presidente de la Comisión Legislativa de Justicia, explicó que la Fiscalía General de Justicia del Estado solicitó esta reforma a fin de que sea más seguro y rápido investigar y perseguir a los extorsionadores. Explicó que para llegar a esta decisión, primero se cambió la naturaleza del delito de patrimonial a uno que pone en peligro la vida de las personas.
Además, se aumentó a la definición del “delito de extorsión” diversas variantes, como el cobro de derecho de piso, por lo que esta situación también se investigará ahora sin necesidad de una denuncia.
“Lamentablemente estas acciones delictivas suelen tiene un alto porcentaje de impunidad porque las víctimas no denuncian por miedo. Y es que seamos sinceros: cuando llega a tu negocio una persona a extorsionarte, diciendo que pertenece al crimen organizado, lo piensas más de tres veces para avisar a la policía”, declaró el diputado Hugo Alday Nieto.
Por este motivo se presentó una reforma al Código Penal de Quintana Roo para que la extorsión sea investigada por las autoridades, basándose en declaraciones anónimas, señalamientos en redes y
publicaciones en los medios de comunicación: “También evitamos un problema muy recurrente y por el que salían libres es que, a la hora de declarar, por un tema de equivocarse en la hora de la extorsión, o de la gorra o ropa que portaba el delincuente, todo el proceso se caía. Ahora la Fiscalía tendrá un mayor margen de acción”, puntualizó el diputado, cuya comisión tuvo a su cargo la elaboración de este dictamen.
Las cifras sobre la extorsión en Quintana Roo indican que en este sexenio sólo se han presentado 888 denuncias, sin embargo, a diario en las redes sociales se consignan hechos de sangre, sangrientas ejecuciones atribuidas a la negativa de pagar ‘derecho de piso’; la Canaco local consiga que durante 2023 y lo que va del 2024 al menos mil 450 negocios ‘pequeños’ bajaron cortinas, el sector mas afectado es el restaurantero, seguido por los abarrotes y las refaccionarias. Pero en Quintana Roo todos pagan, hasta los ambulantes y vendedores de frituras, Nadie se escapa, nadie se salva. El ‘Derecho de Piso’ es un cáncer que está acabando principalmente con Cancún. y Playa del Carmen. En Quintana Roo el miedo, el terror por ser víctima de la extorsión, se palpa, se siente y es tema de conversación hasta en la más humilde morada.
Este reportaje se publicó originalmente en Reporte Maya.
