Empresarios de la construcción en Nuevo León implicado en pagos millonarios al despacho del gobernador Samuel García
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Empresarios de la construcción vinculados con el gobernador de Nuevo León, Samuel García y su padre obtuvieron contratos para obras carreteras por cientos de millones de pesos, de los cuales se enviaron al menos 40 millones al despacho Firma Jurídica y Fiscal Abogados, revela el diario Reforma.
Se trata de un nuevo caso en el que una o varias empresas obtienen millonarios contratos con el gobierno de Nuevo León y que, con posterioridad a ello, se le depositan elevadas cantidades al despacho jurídico propiedad del gobernador y su padre, Samuel García Mascorro, lo que configura un posible esquema de cohecho y tráfico de influencias.
En esta ocasión el empresario Leobardo Arturo Flores, director de dos empresas constructoras obtuvo, por medio de Proyectos de Infraestructura de la Laguna (PILSA) contratos por 380.1 millones de pesos. Y, por medio de otra empresa suya, Desarrollos Inmobiliarios de la Laguna, le ha pagado al despacho del gobernador 25 facturas por 40 millones de pesos, en calidad de pago de servicios jurídicos.
El diario Reforma ha dado seguimiento desde hace meses a otros esquemas similares, en que “clientes” del despacho jurídico de Samuel García son al mismo tiempo proveedores del gobierno estatal y, antes o después de recibir elevados contratos pagan fuertes cantidades al despacho por sus supuestos servicios.
En el caso de Pilsa y Desarrollos Inmobiliarios, Reforma documentó que no eran “clientes” de Samuel García sino hasta después de que inició su gobierno, en 2021. Luego de algunos meses de pagar facturas por servicios jurídicos, vinieron los contratos, a los que siguieron nuevos pagos.
Reforma recuerda este jueves el caso que reportó en marzo pasado, en que la empresa Suministro MYR obtuvo contratos para vender alimentos en penales por al menos 964 millones de pesos. Al tiempo, por medio de una empresa hermana, le “pagó” servicios jurídicos al despacho de Samuel García por 202 millones de pesos.
Otro caso fue revelado esta semana por Latinus, con el mismo modus operandi. La empresa Comercializadora Don Cacahuato vendió al DIF neolonés 820 millones de pesos por desayunos escolares y despensas. Una compañía del mismo grupo pagó 4.6 millones de pesos al despacho jurídico.
En todos los casos la empresa que recibe el contrato es una y la que paga al despacho es otra, pero de los mismos socios o dueños.
“La información del SAT a la que Grupo REFORMA tuvo acceso indica que entre el 17 de junio del 2022 y el 20 de diciembre del 2023, PILSA emitió 53 facturas a nombre del Gobierno del Estado por 452.7 millones de pesos, aunque 10 fueron canceladas y el monto facturado vigente quedó en 380.1 millones de pesos. En el sitio de transparencia del Gobierno, aparecen pagos realizados a nombre de este contratista por 353.4 millones hasta el pasado diciembre”, dice la nota.
