Propuesta de reforma judicial de López Obrador podría desmantelar la independencia del Poder Judicial, según estudio de la UNAM
Visitas: 0
En una reciente publicación, investigadores de la UNAM hacen una revisión del paquete de iniciativas enviadas por el presidente Andrés Manuel López Obrador, de la que tres especialistas consideran que la propuesta sobre el Poder Judicial es regresiva, dañina e inviable.
Recientemente fue publicado el libro Análisis técnico de las 20 iniciativas de reformas constitucionales y legales presentadas por el presidente de la República (febrero 5, 2024), coordinado por Sergio López-Ayllón, José de Jesús Orozco, Pedro Salazar Ugarte y Diego Valadés, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, en el que unos 40 especialistas revisan el paquete de iniciativas presentadas por el tabasqueño.
Uno de los capítulos de ese libro está dedicado a la reforma del Poder Judicial, en el que los investigadores Javier Martín Reyes, César Astudillo y Juan Jesús Garza Onofre analizan el tema y son por demás lapidarios con la iniciativa correspondiente de López Obrador.
El primero de ellos revisó la elección popular de los poderes judiciales, quien tiene muy claros los objetivos de la reforma, que apuntan al dominio del Poder Judicial: “La iniciativa presidencial no busca incrementar la competencia y la independencia de quienes integran el más alto tribunal del país. Sus objetivos son otros: purgar primero y luego capturar a la Suprema Corte, así como al resto de los órganos judiciales del país”.
Tras desmenuzar los detalles del procedimiento por el que serían elegidos ministro, magistrados y jueces, considera que serán los poderes y no la ciudadanía quienes decidirán quiénes pueden aspirar, por lo que, aclara, lo que busca la iniciativa presidencial es que “sólo puedan acceder quienes cuenten con el respaldo de las mayorías partidistas del momento”.
Asimismo, Reyes considera que la iniciativa del tabasqueño “tiene la pretensión explícita de realizar una auténtica purga de quienes hoy desempeñan los principales cargos judiciales del país”, por lo que se procedería a la destitución de la quienes hoy ocupan los órganos del Poder Judicial de la Federación.
Las elecciones extraordinarias de los jueces, magistrados y ministros se deberán realizar a más tardar en 2025, por lo que Reyes ya preveía que eso ocurriría con la coalición con la mayor fuerza electoral, por lo que en un par de años “el obradorismo podría controlar a prácticamente a todos los poderes judiciales del país”.
Reyes concluye de la siguiente forma su análisis: “El balance del Plan C Judicial es, como puede verse, claramente negativo. Se trata de una reforma profundamente regresiva, que más allá de la retórica del presidente López Obrador —especialmente, el supuesto intento por poner fin a las ‘reformas neoliberales’—, simple y sencillamente busca el desmantelamiento y la captura de los poderes judiciales, comenzando por la Suprema Corte”.
El investigador César Astudillo también revisa la elección de los integrantes del Poder Judicial, quien halla que para ingresar en él dejarán de ser relevantes aspectos como los conocimientos y la experiencia, aunque sí tener cercanía y hasta compromisos con los grupos de los poderes político y fácticos, además de que sus periodos en el cargo estarían vinculados con los ciclos políticos de carácter sexenal.
Además, se refiere a la propuesta del Tribunal de Disciplina Judicial, al que considera que se le otorga “un poder excesivo y una elevada capacidad de condicionamiento a esta instancia disciplinaria en detrimento de la independencia e inamovilidad judicial”.
Astudillo destaca que, aunque en el proyecto se prohíbe que los partidos políticos promuevan candidatos, “no es ilusorio pensar que los principales interesados en apoyar abierta o veladamente a los candidatos serán quienes los postularon, es decir, el presidente de la República, los diputados y senadores y los propios ministros de la SCJN —artículo 96—“.
Además, también menciona que los aspirantes requerirán del apoyo de medios de comunicación, corporaciones religiosas, grupos empresariales, organizaciones sindicales e instancias gubernamentales, con lo cual se “condicionará aún más su independencia futura”.
El investigador es tajante: “De aprobarse la iniciativa de reforma constitucional, el daño al PJF será mayúsculo, ya que implicará el cese inmediato de 1,665 ministros, magistraturas y judicaturas, y generará un movimiento pendular del PJF para que sus integrantes dejen la posición de independencia e imparcialidad que actualmente tienen garantizada, y se adentren en el campo de la política”.
A su vez, Garza Onofre enfatiza en que el Poder Judicial Federal, en particular el Consejo de la Judicatura Federal deben ser motivo de modificaciones, pero estas “no deben ser las que ahora propone la iniciativa de reforma judicial del presidente de la República, no sólo por su inviabilidad política y financiera, sino también por sus profundas incoherencias y visión parcial de todo el sistema de justicia”.
