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Morena aprueba reforma para blindar a funcionarios corruptos y restringir la libertad de expresión: Críticos advierten sobre el debilitamiento de la transparencia y el escrutinio público

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Aprovechando el miedo que genera en la población saber que los grupos de narcotraficantes utilizan drones para lanzar bombas a sus adversarios o a poblaciones civiles, Morena aprobó una reforma legal a la Ley para, de paso, blindar a funcionarios corruptos ante investigaciones periodísticas.

Si bien los cambios aprobados Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos en el Senado con sólo ocho votos en contra y 94 a favor, es una medida correcta frente a la diversificación –a niveles terroristas– de la estrategia de los grupos criminales para pelear territorios, es preocupante la inclusión de un artículo que limitaría la libertad de expresión.

El mencionado artículo es el 263 Quáter, establece que a quien utilice “aeronaves pilotadas (sic) a distancia equipadas con dispositivos que permitan fotografiar o realizar grabaciones de audio o video, de forma física o empleando medios electrónicos, para vigilar actividades de personas servidoras públicas, con la finalidad de dar a conocer su ubicación, para evadir su acción o ejecutar agresiones en su contra, se le impondrá una pena de prisión de tres a diez años”.

Cuando la reforma sea publicada en el Diario Oficial de la Federación, ya no se podrán conocer casos como el del director de Pemex, Octavio Romero Oropeza, a quien en redes sociales se exhibió hace unos años con grabaciones obtenidas por un dron, por mandar a mejorar un camino que lo lleva hacia su rancho, en Tabasco.

Tampoco se podría investigar la veracidad de dichos expresados por candidatos o aspirantes, como Santiago Nieto, quien presentó como domicilio particular para registrarse ante como candidato ante el INE, un predio abandonado, como lo exhibió la agencia Latinus con grabaciones obtenidas por un dron.

Igualmente, no se podrían conocer videos como el de Javier May, el candidato de Morena a gobernador de Tabasco, que se traslada en lujosas Suburbans a pesar de que el presidente Andrés Manuel López Obrador califica como “pecado social” que “candidatos fantoches” se trasladen en camionetas de lujo para hacer campaña, considerando la pobreza existente en el país.

Las críticas e investigaciones periodísticas pueden ahora ser sancionadas si el servidor público considera que las grabaciones son “agresiones en su contra”.

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