Política de principio
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La Constitución mentirosa
Juan José Rodríguez Prats | @RodriguezPrats
En todas partes lo único que reclaman de la vida de los pueblos es esto: un poco de sol, un poco de naturaleza.
Arthur Feiler
Eso de hacer leyes y cumplirlas no es lo nuestro. Los ordenamientos jurídicos han sido producto de la improvisación y el oportunismo.
Las reformas parten de lo que la realidad demanda. Gandhi hace un cálculo: 75% de una norma son hechos y 25% son ideales. Algunos hablan de un derecho aspiracional, son planes hacia el futuro. En nuestro caso, se insiste en un vago concepto: proyecto de nación. Se debe legislar para el presente; para diseñar el mañana están las plataformas electorales, incluso la exposición de motivos, pero no las normas jurídicas que son de rigurosa observancia y tienen carácter bilateral, señalan derechos y deberes.
Una constitución debe estar acotada en su contenido. Dos temas son sustanciales: derechos humanos y su defensa, y la regulación de los órganos del poder. Fundamentalmente es un documento que defiende al ciudadano del poder del Estado. Si aceptamos en nuestros textos las aspiraciones, legislar se torna en una tarea sin fin que siempre estará inconclusa. Nuestros códigos no tan sólo pueden considerarse justos o injustos, sino ciertos o falsos. Van algunos ejemplos de mentiras contenidas en nuestra Carta Magna:
Art. 1°: “Los esclavos del extranjero que entren al territorio nacional alcanzarán por este solo hecho su libertad y la protección de las leyes”. ¡Mentira!, gritan los miles de migrantes, víctimas de las peores degradaciones, saben que es más peligroso atravesar México que el tapón del Darién. ¡Mentira!, exclaman los deudos de los calcinados, recluidos ilegalmente en Ciudad Juárez en marzo de 2023, sin que hasta ahora haya responsables sancionados.
Art. 2°: “La conciencia de su identidad indígena deberá ser criterio fundamental para determinar a quiénes se aplican las disposiciones sobre pueblos indígenas”. ¡Mentira!, claman las comunidades ante los farsantes que se presentan como adalides de la “conciencia de su identidad”.
Art. 3°: “El Estado priorizará el interés superior de niñas, niños, adolescentes y jóvenes en el acceso, permanencia y participación en los servicios educativos”. ¡Mentira!, reclaman los estudiantes de todos los niveles que padecen el peor rezago en su aprendizaje en este gobierno.
Art. 4°: “La mujer y el hombre son iguales ante la ley. Ésta protegerá la organización y el desarrollo de la familia”. ¡Mentira!, gritan miles de mujeres que sufren violencia y madres que, sin ningún apoyo, descubren fosas clandestinas en busca de los restos de sus familiares desaparecidos.
Ahí le paro, pero el tema es inagotable.
Ahora, el Presidente propone incorporar más mentiras a la Constitución. Sus iniciativas no son producto del trabajo de juristas y peritos del derecho. Mi paisano, después de las mañaneras, seguramente se encierra a elucubrar cómo cultivar su narcisismo y conquistar un pedestal en la historia y cómo conservar el poder. Escribe libros, hace planes y redacta propuestas. Ha sido un persistente enemigo de la ley y del orden. Cree que sabe derecho y, atrevido como es, ni siquiera investiga o pregunta. Ordena que se aprueben sus iniciativas tal como las concibió. En su agenda no hay acuerdos con sus colaboradores.
En el momento que una ley es vigente, la exigencia de su cumplimiento es general y estricta. Sin embargo, en el derecho mexicano se agrega un curioso artículo transitorio: “De acuerdo con las disposiciones presupuestarias”. Ahí se derrumba toda su obligatoriedad.
Nadie está en contra de la jubilación al 100% del salario ni que éste sea superior a la inflación ni que los derechos sociales sean irreversibles. Ésos son los fines de las políticas gubernamentales, pero no constituyen normas jurídicas. Basta ya de incorporar mentiras a lo que debe ser lo más respetable y respetado: la ley.
Me encanta el verbo desliar: “Hacer que lo que está enredado o liado deje de estarlo”; deshacer el envoltorio de una cosa, generalmente un paquete”. Tenemos que desliar el derecho.
Este artículo se publicó originalmente en Excélsior, se reproduce con la autorización del autor.
