Juristas califican la carta de Luisa María Alcalde a Norma Piña como “patética” y “fuera de lugar”, muestra ignorancia jurídica y motivaciones políticas

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La misiva que Luisa María Alcalde, secretaria de Gobernación, envió a Norma Piña Hernández, ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, acerca de ocho militares procesados por desaparición forzada de normalistas de Ayotzinapa, está fuera de lugar y muestra la ignorancia y el uso político que la funcionaria y el presidente Andrés Manuel López Obrador hacen del caso, según opinan varios abogados.

En la carta, fechada el 12 de diciembre de 2023, la secretaria se refirió a la resolución de un tribunal colegiado del 30 de noviembre del año pasado, en el que se aceptó el agravio de los ocho militares inculpado en el caso de los estudiantes de la Normal de Ayotzinapa desaparecidos en 2014, por lo que en una nueva audiencia se emitiría una nueva medida cautelar distinta a la prisión preventiva oficiosa.

Apenas el pasado sábado una juez federal ordenó la liberación de los ocho militares, pero les dictó otras medidas cautelares para que enfrenten el proceso en el que son acusados de desaparición forzada: presentarse dos veces al mes ante las autoridades, entregar su pasaporte, no salir del país y pago de una garantía para dejar el Campo Militar.

Esa resolución despertó la furia del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien este martes, en su conferencia de prensa, la calificó de “lamentable” y atacó al Poder Judicial porque “no se ocupa de garantizar la justicia” y añadió que eso “es algo que no puede pasar”.

Dijo también tener pruebas de “que dejaron libres a los que participaron en la desaparición de los jóvenes” estudiantes de Ayotzinapa y acusó que el Poder Judicial ha protegido “a quienes participaron en la desaparición de los jóvenes”.

“Se le envió una carta a la presidenta de la Suprema Corte de Justicia advirtiéndole sobre este asunto. Voy a pedirle a la secretaria de Gobernación que el día de hoy dé a conocer esa carta. Y como si le hubiésemos dicho: ‘Libérenlos’”.

Más tarde Alcalde dio a conocer la carta que envió a Norma Piña Hernández, ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En ella le advertía que cambiar la medida cautelar implicaría que “existe un alto riesgo de sustracción de la justicia” debido a que los militares se volvieran ilocalizables o huyeran del país.

Añadía que “este es un asunto de la mayor importancia y trascendencia para el Estado por las graves violaciones a derechos humanos que se cometieron en contra de los jóvenes desaparecidos, así como de los madres y padres que los buscan”.

Y concluía: “Confiamos en que en el Poder Judicial de la Federación velará por el Estado de Derecho, garantizará los derechos humanos de las víctimas y sancionará a los responsables a fin de no generar en la sociedad un mensaje de impunidad e injusticia”.

La misiva de la secretaria Alcalde, maestra en Derecho por la Universidad de Berkeley, vuelve a mostrar su ignorancia supina en la materia, que fue señalada por abogados, que comentaron que la misiva está fuera de lugar en términos jurídicos, y revela, además del desconocimiento y la ineptitud, el fondo político y propagandístico que tiene.

Javier Martín Reyes, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, fue lapidario respecto a la carta de Alcalde instigada por López Obrador: “Simplemente patético”.

El jurista calificó el documento de Alcalde como “un despropósito”, y explicó a la abogada Alcalde: “En el mejor de los casos, es ignorancia pura y dura, pues la @SCJN no tiene vela en el entierro. En el peor, una burda petición para que la presidenta #Piña ejerza presiones indebidas”.

A su vez, Francisco Burgoa, profesor de la Facultad de Derecho, dirigió cuatro duras preguntas sobre la carta de Alcalde en las que reveló el interés político, nada jurídico, de la secretaria y su jefe:

“1. ¿Por qué, el Ejecutivo Federal envía una carta a la ministra presidenta?

“2. ¿Esperaban que la ministra presidenta intervenga y/o presione a un Tribunal Colegiado?

“3. ¿Por qué no le enviaron la carta a la FGR? Siendo ésta la que debió impugnar (y que conste que la FGR, en teoría, es un órgano constitucional autónomo).

“4. La publicación de esta carta sólo viene a provocar más ataques a la Corte, especialmente, a la ministra presidenta porque, dirán que: ‘El presidente de México, a través de la SEGOB, le pidió a la ministra presidenta y ella no hizo nada porque está del lado de la corrupción, de la injusticia, de los conservadores, etc.’ y los simpatizantes, lo creerán y repetirán sin siquiera analizar un aspecto fundamental: ¿Cuáles son las competencias y responsabilidades de las autoridades involucradas en el asunto?”.

Ximena Medellín, profesora-investigadora del Departamento de Estudios Jurídicos del CIDE, le explicó a Alcalde la responsabilidad de la Fiscalía General de la República en el asunto: “Queda claro que una carta de la SEGOB no suple las deficiencias en la actuación de la FGR, ¿verdad, Secretaria @LuisaAlcalde ? La prisión preventiva es una medida que se debe justificar en audiencia ante el tribunal competente. No en la opinión pública con una carta a la SCJN”.

Por su parte, Gerardo Carrasco, profesor de la Universidad Panamericana, comentó ese aspecto en referencia a la carta de Alcalde: “Una de las garantías con las que cuentan los juzgadores en este país es la de independencia. Ni la presidenta de la Suprema Corte cuenta con facultades para dar instrucciones extraprocesales sobre cómo resolver”.

Marte G. Ferrer, jurista de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, señaló a Alcalde: “Confesión expresa (nada nuevo) de querer minar la independencia judicial. El PJF no es inquisidor. Su función no es pro mayoritaria, es pro constitucional, no importa de quién se trate”.

Además, a la ignorancia de López Obrador y Alcalde demostrada en la carta y en su exhibición, se debe sumar la información que el Consejo de la Judicatura Federal dio a conocer el lunes: para la revisión de la medida cautelar (la prisión preventiva oficiosa) dictada el 30 de noviembre, únicamente los militares interpusieron recurso de revisión, pero no la fiscalía, que no aportó datos de prueba que justificaran la idoneidad y pertinencia de mantener encarcelados a los militares durante su proceso.