Con el pretexto de que “se vulnera a la víctima y a los familiares”, el gobierno quiere encarcelar a quienes difundan imágenes de mujeres, adolescentes o niños víctimas de la violencia criminal que azota al país
Visitas: 0
El Senado de la República aprobó una reforma al Código Penal Federal para castigar con hasta 18 años de prisión a funcionarios, periodistas y youtubers que graben, difundan y distribuyan imágenes de cadáveres de mujeres, adolescentes y niños víctimas de violencia sin control que como plaga, azota al país.
De acuerdo a la propuesta impulsada por el gobierno federal, lo que se busca es sancionar a quien difunda, entregue, revele, publique, exponga, distribuya, grabe, fotografíe, reproduzca, comercialice, oferte, intercambie, copie o comparta a quien no tenga derecho imágenes, audios, videos o cualquier tipo de información o evidencia que esté contenida en una carpeta de investigación o en un proceso penal, que por disposición de la ley sea reservada o confidencial.
“Asimismo se busca un incremento en las penas cuando las víctimas sean niñas, niños, adolescentes, mujeres o que la información corresponda a cadáveres, la propuesta plantea garantizar la seguridad, intimidad y dignidad de las víctimas”, planteó Olga Sánchez Cordero, presidenta de la Comisión de Justicia del Senado.
Los legisladores aprobaron también, con 87 votos a favor y una abstención, una reforma que busca eliminar cualquier forma de discriminación y odio racial, así como establecer un tipo penal que sancione estas conductas.
El dictamen adiciona el artículo 149 del Código Penal Federal, con el fin de aplicar una sanción de dos a cinco años de prisión o de 150 a 300 días de trabajo a favor de la comunidad, y hasta 200 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, al que fomente ideas basadas en la superioridad de una raza.
El proyecto de decreto, que fue turnado a la Cámara de Diputados, plantea que a los servidores públicos que cometan alguna de las conductas previstas en las fracciones anteriores, se le incrementará en una mitad la misma pena, además se le impondrá la destitución del empleo, cargo o comisión y se le inhabilitará de uno a 10 años para desempeñar cargo o comisión públicos.
Al respecto, la presidenta de la Comisión de Justicia, Olga Sánchez Cordero, indicó que esta propuesta busca dar cumplimiento a las obligaciones contraídas por el Estado mexicano en la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial al armonizar la legislación nacional.
