Violencia en el país pone en peligro el proceso electoral: magistrada del TEPJF hace un llamado a garantizar la seguridad de los candidatos
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Los embates para erosionar la legitimidad de las autoridades electorales significan un riesgo para el sistema democrático, dijo Janine Otálora, magistrada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), quien también advirtió que es muy grave que el crimen organizado sea el que decida quién va a ser candidato.
Al participar en la mesa redonda “Los procesos electorales frente a las elecciones del 2024: retos del INE y del TEPJF”, llevada a cabo en la Escuela Judicial Electoral, Otálora destacó que en tiempos recientes ha habido “recurrentes embates que buscan erosionar la legitimidad de las autoridades electorales y esto es un riesgo para nuestro sistema democrático”, lo que no conviene ni a quienes los han emprendido.
Señaló que la polarización existente, con las divisiones políticas que genera, pueden llegar a afectar la estabilidad de la democracia mexicana porque “hay una tentación de las y los actores políticos de desconocer a la autoridad electoral”.
En el contexto de la violencia que vive el país, también hizo un llamado a las autoridades para que se encarguen de garantizar que los candidatos que participen en el proceso electoral lo puedan hacer en un ambiente de seguridad.
Acerca de la violencia en el país, Otálora comentó: “Son muchísimas las zonas del país, ya no podemos hablar de algún foco rojo (…) No poder hacer campaña en un país en el siglo XXI porque uno tiene miedo de las condiciones de seguridad porque hemos visto candidatas, candidatos asesinados. Me parece muy grave en lo individual, como democracia, permitir que el crimen organizado sea quien decida quién va a ser candidato”.
Y no sólo ello sino que también puede influir sobre el funcionariado de las mesas directivas y “el electorado que quiere salir a votar, y que en ciertas regiones, si las elecciones fuesen este domingo, no saldría a votar”.
Un punto que también resaltó la magistrada es que se debe garantizar la imparcialidad de los funcionarios de los tres niveles de gobierno, además de que tampoco haya un uso indebido de recursos públicos, los programas sociales, de los padrones de beneficiarios y que no haya coacción sobre ellos. De esa forma, añadió, “lograríamos que el Poder Ejecutivo deje de estar teniendo una influencia nefasta en los procesos democráticos”.
Mencionó que el poder político es “un gran seductor”, por lo que una forma de que las autoridades electorales preserven su autonomía y su neutralidad es teniendo una “sana distancia” con aquel, por puede tergiversar muchas de sus decisiones.
