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Publicidad oficial, todo un reto

Ernesto Villanueva | @evillanuevamx

 

La serie de sucesos de interés público que vive día a día el país ha hecho que la agenda pública se nutra de la coyuntura, de lo “urgente” y no haya espacio para lo importante. Había una razonable expectativa a inicios de este gobierno de que la relación legal entre el Estado y los medios andaría por un sendero distinto al del pasado. Para tal efecto, se esperaba, lo adecuado hubiera sido que la publicidad oficial estuviera correctamente regulada, a la luz de los mejores estándares internacionales en la materia. No se hizo. La ley se mantuvo en sus términos. El cambio ha sido de facto, lo que trae, por su propia naturaleza, muchos riesgos. La discrecionalidad y la voluntariedad de las personas tiene un amplísimo margen de maniobra por su subjetividad intrínseca. De ahí, por tanto, que deba normarse lo más preciso que sea posible. Lo importante más que los montos del erario que se destinan a las pautas de publicidad de los poderes y órganos del Estado en los medios, es el cómo, los criterios como se desarrolla esa decisión. Lo que no se puede definir, no se puede medir. En esta lógica la opacidad que existe es inversamente proporcional al sentido mínimo de la rendición de cuentas y del escrutinio público. No puede admitirse en este ámbito – y en ningún otro que tenga relación con el erario y la toma de decisiones que afecta a la comunidad- acto de fe. Esto es respetable en las iglesias, pero no en la vida terrenal aquí y ahora. Hace algunas semanas trascendió el triunfo en la Suprema Corte de Justicia de la Nación de una demanda de amparo interpuesta por la organización Artículo XIX, mediante la cual se ordenó al Congreso de la Unión subsanar la omisión parcial al aprobar la ley reglamentaria del artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por lo que concierne al párrafo octavo en concordancia con el primero (Ya me he ocupado de esa resolución en https://tinyurl.com/9jd9u7yk). Advierto que a nadie, o a casi nadie le preocupa el asunto, en especial al gobierno federal, a los integrantes de la Cámara de Diputados y a los del Senado de la República. Hay coincidencias en lo fundamental entre todos los partidos políticos que es preocupante: ¿Para qué vamos a ceder un instrumento de control adoptando normas legales de equidad y transparencia en la publicidad oficial si así estamos bien? ¿Para qué vamos a legislar si no hay marchas ni multitudes que hagan suya esa inquietud de un reducido sector? ¿Para qué nos complicamos si la Suprema Corte de Justicia no cuenta con medidas de apremio efectivas que obliguen al Congreso de la Unión a legislar en los tiempos y conforme a la resolución judicial? ¿Para qué legislamos en esa materia si ya tenemos a los medios en contra y no pasará nada más si seguimos así? El ejercicio de pragmatismo funcional de quienes toman las decisiones lastima el principio básico de un Estado democrático de derecho en este rubro, que debería darse por sentado. La formación de la opinión pública pasa, en buena medida, por el conducto de los medios, razón por la cual la ausencia de precisiones en este aspecto abona a la creciente polarización y a la marcada división entre buenos y malos, que a nadie conviene. Se ha perdido el rumbo del sentido común y de la razón mínima. Hay que encontrarlo.

Sumario.

1.- Es atendible y compartido lo expresado por la UNAM en el sentido de que el regreso presencial a clases (porque el virtual se ha mantenido sin interrupción alguna) pase por dos requisitos, el semáforo amarillo y la vacunación de los estudiantes contra el Covid19. Dicho sea de paso, más del 60% de los estudiantes no se ha vacunado. Primero es la responsabilidad con la vida y la salud que el cambio de modalidad de enseñanza, por más presiones políticas que haya. Bien.

2.- Al fin Michoacán entrará a una fase de recuperación que la sociedad había perdido en manos del crimen organizado, de la enorme sangría a las arcas estatales de la nómina de los profesores que absorberá la Federación y de la reorientación de los programas sociales bajo acuerdo entre gobierno federal y estatal. Ahí, por cierto, en la capital Morelia, acaba de tomar posesión en días pasados, Alfonso Martínez Alcázar, como presidente municipal, quien ya había sido alcalde por la vía independiente y se le recuerda como el mejor en esa labor durante los últimos trienios. Es esperable que siga por esa ruta por el bien de l@s morelian@s.

Este artículo se publicó originalmente en Contrarréplica en el link: https://www.contrareplica.mx/nota-Publicidad-oficial-todo-un-reto2021121042#.YWVtECTIr5E.twitter se reproduce con la autorización del autor.

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